Piden 161 años para 28 acusados de la mayor red del menudeo de droga de Gipuzkoa

Los acusados son todos extranjero: veintiséis de nacionalidad marroquí y los dos restantes argelina. Según se recoge en el escrito de conclusiones provisionales redactado por el fiscal antidroga de Gipuzkoa David Mayor, los acusados integraron un «grupo criminal» entre los años 2014 a 2016 al «objeto de desarrollar el suministro y distribución sustancias estupefacientes en el mercado ilícito» en el área comercial de Behobia.

La acusación pública precisa que el grupo se estructuraba mediante la coordinación de sus miembros «sobre la base de una organización funcionalmente flexible», con la finalidad de lograr «la máxima eficacia» en las transacciones de droga y con «mayores garantías de impunidad».

El fiscal afirma que el grupo actuaba en un área geográficamente reducida y tenía dispuestas diecisiete posiciones de seguridad y contravigilancia «con el fin de eludir la actividad preventiva policial». Estas posiciones se situaban a escasa distancia unas de otras, lo que garantizaba el «seguimiento, visión y comunicación directa entre los integrantes del grupo (...) sin necesidad de hacer uso de otros medios de comunicación», destaca.

El texto acusatorio destaca que los presuntos traficantes se veían favorecidos por la privilegiada ubicación del barrio, a orillas del Bidasoa, sobre la misma frontera. En quince o veinte segundos habían cruzado a Francia y la Policía nada podía hacer.

La actividad de grupo de presuntos traficantes había generado hondo malestar entre los comerciantes y vecinos de esta zona. El barrio llevaba años soportando a las mafias que controlaban la venta de estupefacientes a pequeña escala. Al principio, estas conductas pasaban desapercibidas, ya que quienes se dedicaban a esta actividad se camuflaban en la zona comercial, donde el número de personas, sobre todo extranjeras y otras que se encontraban de paso, era muy elevado.

Los comerciantes y vecinos llegaron a sentirse dominados por estas organizaciones. La inseguridad iba en aumento y el presidente de la asociación de vecinos y el de los comerciantes, entre otros, alzaron la voz para denunciar la situación.

A partir de entonces, la Policía Local de Irun decidió hacerse cargo de la investigación. Los agentes no tardaron en comprobar el alcance de las denuncias. Durante el periodo de investigación que realizaron fueron testigos de cómo los miembros de esta red se habían convertido en los caciques del barrio. Se hacía lo que ellos querían. A veces ocupaban la terraza de algún bar y permanecían hasta que les daba la gana sin consumir, como si de su oficina se tratase. Y cuando el propietario les pedía que se levantaran se rebelaban contra él.

De igual manera, se habían adueñado de los espacios públicos. El tráfico de drogas era germen de conductas incívicas. Se sucedían amenazas, peleas y agresiones. La actitud era notoriamente intimidatoria. Llegaban incluso a ofrecer droga a las puertas de las tiendas.

En los meses posteriores, la Policía Local desarrolló una labor silenciosa, sin despertar sospechas. Lejos de la mirada de los traficantes, los agentes acumularon las pruebas que quedaron plasmadas en más de 3.000 folios.

Gracias a este trabajo, en octubre de 2105 la Guardia Municipal asestó el primer gran golpe a la organización. Veintiún personas fueron detenidas. En los meses sucesivos arrestaron a 36 más. En total, 57 personas fueron puestas a disposición judicial y 87 imputadas.

Al principio, algunos regresaron, intentaron recuperar el terreno pero volvieron a ser arrestados hasta que finalmente, la zona quedó limpia de traficantes.

Behobia era un centro de distribución principalmente de hachís y cocaína. El producto que más se vendía era hachís, en una proporción de tres cuartas partes frente al resto de cocaína. El cliente, en el 99% de los casos, era francés que acudía expresamente a este punto. La organización era bien conocida en territorio galo. Los consumidores sabían que en Behobia se podía adquirir droga, solo tenían que buscar a una persona que vendiera zapatillas en la calle. Era el contacto. Acudían consumidores de Baiona, San Juan de Luz, Biarritz o Burdeos.

La organización llegó a estar compuesta por casi un centenar de personas, aunque no todas se concentraban a la vez. Enseguida aprendieron que portar la droga encima les podía reportar problemas y para evitar complicaciones, por la mañana, temprano, el suministrador la ocultaba en puntos estratégicos. Dejaban pequeñas bellotas de hachís detrás de una señal o bajo tierra. Y cuando la Policía aparecía nunca llevaban nada encima.

La Fiscalía Antidroga imputa a los investigados, seis de los cuales son reincidentes, un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal. Las penas oscilan entre los 7 años y 6 meses de cárcel y 4 años. Asimismo, demanda multas de entre 6.000 y 8.000 euros. La cuantía total de las multas asciende a 180.000 euros. Para nueve de los encausados, la acusación pública pide la expulsión del país.