Una de cada tres penas suplidas por trabajos para la comunidad en Gipuzkoa son por maltrato

En concreto, un total de 863 varones (90,2%) y 94 mujeres (9,8%) se favorecieron de esta medida en 2024, según los datos facilitados a este periódico por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Esas 957 personas eran responsables de 1.261 delitos, lo que significa que algunas de ellas acumulaban más de una imputación, con un promedio de 1,3 por cabeza. Supone un notable descenso del 19,51% con respecto a 2023, cuando hubo 1.189 personas.

La gran mayoría de los beneficiados fueron hombres de entre 18 y 50 años. Así, 251 tenían entre 31 y 40 años; 240, de 18 a 30 años; 234, estaban entre 41 y 50; y 119, entre 51 y 60 años.

El 58,13% fueron delitos por maltrato a la pareja o ex (33,47%) y contra la seguridad vial (24,66%), con 422 y 311 casos, respectivamente. Les siguen en la estadística los 188 delitos de amenazas (14,9%), 131 de coacciones (10,4%), 91 de torturas o contra la integridad moral (7,2%), 74 de injurias (5,9%) y otros (3,4%).

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad está prevista para delitos leves y menos graves, incluidos algunos que pueden estar penados con privación de libertad. Se trata de tareas no remuneradas de carácter social o de interés para la sociedad, cuyo objetivo es favorecer la reinserción social del infractor y la reparación del daño ocasionado. Su duración puede comprende entre un día y un año, con un máximo de ocho horas diarias.

Es el juez quien plantea la realización de trabajos comunitarios al reo, que podrá aceptarlos o rechazarlos, pero nunca se verá obligado a realizarlos. Fuentes del departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos aclaran que «normalmente» es su Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas el que propone la medida concreta.

Entre las labores posibles, se incluyen tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia a personas mayores o con discapacidad. Sin embargo, «en los últimos años» se tiende a actividades socioeducativas vinculadas a la naturaleza del delito, «sobre todo» en casos de seguridad vial o de violencia de género, con el fin de incidir en el aspecto reeducador y resocializador de la medida, que busca concienciar al condenado de las consecuencias de su acción delictiva. También realizan, «por ejemplo, limpiezas de instalaciones deportivas y colaboran principalmente con necesidades de los ayuntamientos o las diputaciones».

En este sentido, el director de Justicia en el Gobierno Vasco, Chema Bastos, asegura que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad es adecuada para delitos no graves porque permite aunar un carácter reparador y socioeducativo. «Preferimos que este tipo de penas tengan una labor más formativa y educativa». Con el fin de incidir en esta finalidad, «se ha reforzado el equipo que las atiende con más personal», explica Bastos, que reconoce que «para que este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad se puedan poner en práctica es indispensable contar con el apoyo de las políticas públicas en el ámbito local, especialmente con la colaboración de los ayuntamientos».