Los peajes se estrellan con los tribunales

El fondo de la cuestión radica en que, a tenor de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), la norma foral que sustenta los peajes es «discriminatoria», es decir, penaliza a los transportistas de fuera respecto a los guipuzcoanos. La Diputación aprobó un sistema de cobro basado en tramos que, efectivamente, resulta menos oneroso para estos últimos. Pero no ha colado. La UE, en nombre de la sacrosanta «libre competencia», establece que las empresas deben contar con las mismas reglas de juego en cada país comunitario independientemente del lugar de origen, un principio que también afecta al sector del transporte. Este criterio, como no podía ser de otra manera, ha sido el adoptado por el TSJPV.

Y este es el núcleo de la polémica. La Diputación siempre ha sostenido que el enorme coste del mantenimiento de los viales de alta capacidad que conectan España y Portugal con Europa no debe recaer solo sobre las espaldas de los guipuzcoanos. Al ser esta una competencia transferida, no disponemos de ninguna otra vía de financiación. En consecuencia, si bien la geografía nos ha dado la ventaja de situarnos junto a Francia, también nos endosa el lastre de ver circular a 10.000 camiones cada día por Irun sin que dejen un solo euro en el territorio, pero sí deteriorando los viales.

Ante esta realidad, todos los grupos políticos representados en las Juntas Generales han acabado aceptando la necesidad de establecer un sistema que alivie el presupuesto foral. La percha de la que se colgaron los más reticentes fue el también sacrosanto principio de la UE de que «quien contamina paga» o el «pago por uso». En algunos casos la conversión fue llamativa, como la de EH Bildu, que tras oponerse durante años a los peajes aprobó en 2013 un proyecto para su cobro, cuando gobernó en la Diputación.

La última sentencia, dada a conocer el jueves, lejos de resolver el problema lo enmaraña todavía más, porque el Supremo no ha admitido el recurso de casación presentado por la Diputación contra el fallo del TSJPV que calificó de «discriminatoria» la norma foral aprobada en 2018.

No obstante, los peajes han seguido cobrándose porque, según la Diputación, la sentencia todavía no era firme. Por si acaso, las Juntas aprobaron una segunda norma que entró en vigor en mayo de 2019, con retoques en el sistema de pago para evitar que fuera nuevamente declarado discriminatorio.

El último varapalo judicial del Supremo, que tumba de facto los peajes, no arredra a la institución foral. La diputada de Carreteras, Aintzane Oiarbide, afirma en una entrevista publicada ayer por este periódico que siguen en vigor. Reconoce que cuando la sentencia del TS se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa no se podrá seguir utilizando el mismo sistema de cobro. En consecuencia, anuncia que las Juntas aprobarán con carácter de urgencia un decreto que dé cobertura a los peajes actuales, al tiempo que se trabaja en la elaboración de una nueva norma foral, la tercera, que evite ser tachada de discriminatoria.

Sin embargo, siguiendo la secuencia de sentencias falladas hasta ahora en contra de la Diputación –dos del TSJPV y dos del Supremo– todo apunta a que se acabará cobrando finalmente a todos los camiones por igual, decisión que abriría un conflicto con los transportistas guipuzcoanos. No obstante, también cabe la posibilidad de que la madeja siga enredándose, porque la Diputación ya ha anunciado que podría recurrir al Constitucional.