La lucha de Pablo Ibar no se detiene y su defensa reclama la repetición del juicio

En los 117 folios de los que consta el escrito, Joe Nascimento, que formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el juicio anterior, desgrana toda una batería de irregularidades en las que habría incidido el juez Bailey, hoy fuera de la carrera judicial tras no lograr su reelección.

El abogado de Pablo Ibar fundamenta la apelación en trece motivos en los que, por un lado, sostiene que, en determinados momentos del juicio, el tribunal de primera instancia de Broward County «abusó de su discrecionalidad» y, en otros, «cometió graves errores jurídicos».

Nascimento afirma que el tribunal «violó los derechos constitucionales» del acusado a un jurado justo e imparcial, al denegar, entre otras cuestiones, «la moción de la defensa de sacar al jurado de la sala cuando el Estado se refirió de manera inadmisible al derecho constitucional del acusado a guardar silencio, implicando que su silencio era una admisión de culpabilidad, lo cual constituye una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución».

De igual manera, entiende el letrado que el mismo órgano judicial no actuó de manera imparcial cuando prohibió a la defensa interrogar a testigos clave para los intereses de Pablo, o cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas.

La defensa señala en este sentido que los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos «fueron innecesariamente sugestivos» y condujeron al testigo «a una probabilidad sustancial de identificación errónea». Añade que la introducción de esta prueba «no fue inocua».

Joe Nascimento considera que el tribunal vulneró el derecho constitucional de Ibar a un proceso con todas las garantías y su derecho a la contradicción al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward. Como se recordará, la Fiscalía aportó para este juicio, de manera un tanto sorpresiva, una camiseta que contenía unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar.

La defensa ha venido sosteniendo que dicha muestra en todo caso fue fruto de una contaminación que se produjo en el laboratorio.

Además, en la apelación se critica la «conducta inapropiada» del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Ibar su «derecho constitucional a un juicio justo».

Cree el abogado que, una vez más, el juez abusó de su discrecionalidad cuando desestimó la protesta de Pablo Ibar después de que el fiscal finalizase su informe con una «declaración incendiaria». Morton llegó a decir al jurado que «no permitiera que este hombre se salga con la suya; se libre de haber cometido un asesinato«.

Con la apelación ahora presentada se reactiva la maquinaria judicial a través de la cual Pablo Ibar pretende demostrar que no tuvo participación alguna en los tres asesinatos que se le imputan y que se cometieron hace veintisiete años en un domicilio de Miramar, localidad próxima a Miami.

A partir de ahora, el texto de la apelación será trasladado a la Fiscalía para que, a su vez, efectúe las alegaciones que estime oportunas.

Seguidamente, la defensa dispondrá de un nuevo turno para replicar los argumentos de la acusación. Solo entonces, el Tribunal de Apelaciones examinará los argumentos de las partes y abrirá un proceso de deliberación antes de emitir su decisión.

Esa resolución, según fuentes de la defensa, podría demorarse un año. En el caso de que la apelación no prosperase, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida.

Pablo Ibar, que permanece en la actualidad recluido en la prisión de Okeechobee (Florida), fue declarado culpable del triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario de la vivienda donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

Y mientras el proceso judicial echa de nuevo a andar, la Asociación Pablo Ibar – Juicio Justo continúa trabajando en la recaudación de fondos entre las instituciones, organismos y también entre la ciudadanía que permitan costear la apelación.

El presupuesto para esta fase es de 200.000 dólares (164.200 euros).

La asociación mantiene una campaña de crowdfunding para que quien desee pueda colaborar en hacer frente a los gastos. Se pueden realizar las aportaciones a través de la web www.pabloibar.com, así como por las redes sociales.