Las llamadas comerciales siguen sin fin

Uno de los datos más reseñables del informe, en el que participaron unas 4.000 personas, es que el 98% argumentó haber recibido al menos una en el pasado mes de junio. Además, el 68,1% ha recibido más de cinco llamadas, mientras que aquellos usuarios que no han recibido ninguna se sitúa en el 1,3%. El 30,6% restante engloba a aquellos que han recibido entre una y cinco y a los ciudadanos que no recuerdan si recibieron o no una de ellas. La encuesta también muestra que las empresas que más suelen llamar son las de telecomunicaciones y las energéticas, seguidas de lejos por las que ofrecen otros servicios como seguros, alarmas y préstamos.

El problema de estas llamadas, que a menudo son masivas, es que fueron prohibidas por la Ley general de Telecomunicaciones el año pasado. «Realmente la primera ya es de por sí ilegal porque es un acto de fraude», explica Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La normativa fue aprobada el 28 de junio y, aunque trata temas generales, el artículo 66.1 expone que los ciudadanos tienen derecho a «no recibir llamadas automáticas sin intervención humana» cuando esta tiene una finalidad comercial y no se ha dado un consentimiento explícito para ello. Además, se explica que toda llamada comercial es ilegal si se realiza desde las 21.00 de la noche hasta las 9.00 de la mañana, en días festivos o en fin de semana. Pero si es ilegal, ¿por qué se siguen dando?

Tal y como detalla José Manuel Urkiri, abogado de la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) en Donostia, una de las razones que explican que se sigan dando estas llamadas es la falta de consecuencias a la que se enfrentan las empresas infractoras. «No hay una verificación ni una sanción como debería de corresponder para estos incumplimientos», explica. Esto es una idea que también comenta Rubén Sánchez, que se decanta por el término «impunidad». Sánchez añade que esto se sustenta sobre el hecho de que el año pasado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) solo sancionó 14 casos de spam telefónico. Pero al argumento de la impunidad, que también suscribe Sánchez, se le une la poca proporción de denuncias que realizan las personas. Según la encuesta mencionada, solo un 1,3% de víctimas por llamadas comerciales no deseadas denunciaron ante la AEPD, la autoridad competente.

Estas pocas denuncias se deben, en parte, al desconocimiento por parte de los usuarios acerca del proceso de denuncia ante una llamada comercial indeseada. Algo que también comenta Unai Aberasturi, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos: «Tenemos una pelea intensa por darnos a conocer. Solo un 21% de ciudadanos vascos saben quiénes somos».

Afirma que lo más importante es que los ciudadanos «conozcan cuáles son sus derechos» y que la gente se anime a denunciar cuando se tiene constancia de una práctica irregular. «Lo que está en juego es el derecho fundamental de nuestra privacidad, por lo que es importante controlar qué pasa con nuestros datos», argumenta.

Según dice, la única excepción que haría legal una llamada comercial sería si la empresa en cuestión ejerce de esa forma su 'derecho legítimo'. Esto se da cuando el receptor es o ha sido su cliente en el último año. Aberasturi comenta que, en todo caso, estas prácticas deben sustentarse sobre una «base legal» que justifiquen su uso. Es decir, la llamada comercial debe haber recibido un consentimiento «informado, explícito e inequívoco».

Para que se den tales características, el usuario debe haber recibido una información «clara, suficiente, concisa y comprensible» y, tras ello, haber aceptado expresamente su voluntad de recibir la información. «No vale, como valía antes, un consentimiento tácito basado en tu silencio», especifica el presidente de la AVPD.

Para Aberasturi, lo que más debería preocupar es la gestión de nuestros datos personales en internet. «Tenemos la sensación de que perdemos el control de estos datos. Hay que ser conscientes de que detrás de ello hay un problema más profundo que tiene que ver con nuestro derecho a la protección de datos», dice.

Esta misma idea la comparten también desde Facua. «Es el desconocimiento el que hace que se repitan tanto. Se necesitan campañas de concienciación pública», afirma su secretario. Esto ha motivado a la organización a crear una red de afectados donde se aportan instrucciones y otros datos relevantes para ayudar a las víctimas a escribir las denuncias por este tema.

La red de afectados ha surgido de la necesidad de asesorar e informar a los usuarios para que conozcan cómo actuar ante estos casos. No obstante, el representante de Facua es tajante: «Lo que hacen es ilegal, por lo que se debería desmantelar».