Más de 3.000 cuidadoras en Gipuzkoa deben acreditar una formación antes de fin de año

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco viene desarrollando la regulación profesional de las personas trabajadoras que atienden a dependientes tras la negociación con el Ministerio para aplazar el plazo establecido para conseguir la acreditación de todo ese colectivo ya que, en principio, vencía en 2017. A la vista de que los plazos resultaban inalcanzables, la fecha se amplió en varias ocasiones. El Gobierno Vasco definió entonces un plan a cuatro años (2018-2022) para capacitar a todas estas personas dedicadas a los cuidados mediante diferentes convocatorias y que ofrecen centros repartidos por todo el territorio.

La gran mayoría de las personas cuidadoras son mujeres e inmigrantes, que trabajan a jornada completa, por lo que las posibilidades de dedicar varias horas a la formación son muy escasas. El certificado de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio contiene 650 horas y el de atención en instituciones sociales, 450 horas, de las que 370 son teóricas y 80 corresponden a prácticas. Según observan desde la asociación Bidez Bide, que presta asesoramiento a estas mujeres, «a muchas les resulta imposible acceder a estos cursos.

¿Qué interna va a estudiar en esos horarios? Solo hay tres institutos, con los que hemos intermediado, que tienen grupos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Hay un curso online pero para eso tienes que tener un ordenador, wifi en casa, competencias digitales que muchas no tienen... Llevamos tiempo reivindicando esto en Lanbide, que los horarios, de mañana o de tarde, no permiten acceder a estas mujeres a que se formen y muchas nos han trasladado este problema, están preocupadas. Hay mucha demanda pero tampoco hay profesorado para los fines de semana y las que no puedan inscribirse se quedarán sin trabajo o se pasarán a la habilitación excepcional», expone Soraya Ronquillo, miembro de la asociación.

El gran reto en estos momentos es que las personas que se encuentran en posesión de una habilitación provisional puedan culminar su proceso de cualificación.

Precisamente, un cambio en la normativa este pasado agosto está llevando a muchas cuidadoras que ya cumplen con los nuevos requisitos establecidos a pedir la habilitación excepcional para poder seguir trabajando una vez se les termine el permiso provisional, según observan en esta asociación. Esta habilitación excepcional se concede a personas cuidadoras, gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales que acrediten una experiencia de al menos tres años y un mínimo de 2.000 horas trabajadas o que demuestren que sí han trabajado y tienen un mínimo de 300 horas de formación relacionada en los últimos 12 años. El Gobierno Vasco ha concedido un total de 6.437 –de ellas, 3.750 en Gipuzkoa– de esta modalidad y otras 4.385 provisionales, de las que 3.229 son en Gipuzkoa. Estas últimas van dirigidas a personas que no tienen experiencia suficiente para obtener la habilitación excepcional ni tienen la cualificación necesaria. El problema de fondo, a juicio de Ronquillo, radica en la profesionalización de los cuidados.

«Está bien que hayan cambiado el criterio para que estas mujeres no pierdan el empleo, pero la profesionalización de los cuidados es necesaria. Hay que formarse y con esta habilitación no se están profesionalizando. Además, no van a poder trabajar en una residencia, por ejemplo, y siempre tendrán que hacerlo en un domicilio». Por ello, siempre animan a las mujeres que acuden a Bidez Bide a realizar este curso específico y formarse, «por el bien de la propia cuidadora y el bienestar de la persona cuidada». Ven con buenos ojos los pasos dados desde las instituciones para avanzar en la capacitación de unas tareas cada vez más demandadas. Sin embargo, explican que «la habilitación debería ser un tránsito».

Recurrir a los servicios de un cuidador o cuidadora para atender a personas mayores o dependientes es una alternativa ampliamente demandada hoy en día para quienes no pueden hacerse cargo de la atención de un familiar y no quieren sacarles de su propio domicilio. «Es cierto que el Gobierno Vasco tiene una propuesta de cuidar a las personas mayores en el domicilio ¿pero a costa de qué, de 22 horas diarias de trabajo de interna? No puede ser. El trabajo de interna en esas condiciones no tendría que existir, pero muchas tienen miedo a perder el trabajo porque sus familias dependen de ellas en el país de origen», explica Ronquillo, al tiempo que reivindica uno modelo de cuidados «público y universal y repartido entre hombres y mujeres». «¿Es justo y digno que seamos las mujeres las que nos impliquemos solas en cuidar?», reflexiona.