Kontseilua protesta contra la «involución de los tribunales» en materia lingüística

Kontseilua realizó ayer un llamamiento a «consensuar una estrategia unificada» para hacer frente a la «involución» e «inercia» del poder judicial», que busca «asumir una competencia en política lingüística que no le corresponde».

Varios cientos de personas se concentraron en Bilbao para denunciar la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el requisito del perfil lingüístico de euskera de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irun. Además, los asistentes a la protesta criticaron la resolución del Consejo Constitucional francés, que el pasado viernes vetó la inmersión lingüística en la enseñanza.

Frente a la sede del TSJPV, y tras una pancarta en la que se reivindicaba vivir en euskera y en contra de la limitación de derechos, los participantes, entre los que estaba la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte; la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Bilbao, Jone Goirizelaia, así como la portavoz del grupo Elkarrekin Podemos en la capital vizcaína, Ana Viñals, se profirieron gritos en favor de «una Euskal Herria» en euskera».

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, lanzó un llamamiento a agentes políticos, sindicales y sociales a consensuar una «estrategia unificada» para hacer frente a «esta involución» que procede de los tribunales y que representa una «inercia del poder judicial» por asumir «la competencia en política lingüística que no les corresponde».

«Debemos responder de manera unificada para hacer frente a esta sentencia y a la inercia del poder judicial», indicó, al tiempo que recordó que esta situación también se produce en Francia con la decisión del Consejo Constitucional, que supone un «golpe en la mesa.

En su sentencia, el TSJPV suspendió la convocatoria de empleo de Policía Local que el Ayuntamiento de Irun inició en 2017 para cubrir doce plazas, al considerar «discriminatorio» exigir euskera para ser guardia municipal y que basta que uno de los dos agentes de cada patrulla conozca la lengua vasca para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Según el tribunal, «la obligación de conocer la lengua no afecta a todos y cada uno de los empleados de la administración, sino a esta en su conjunto», por lo que considera que la exigencia de conocimiento del euskera para «los aspirantes a un cargo público tiene sentido en cuanto es necesaria para garantizar ese derecho».

Durante la concentración ante la sede del TSJPV, Paul Bilbao señaló que «la sentencia dice muy claramente que aquí existe un principio que está sobre cualquier persona y de cualquier derecho: la obligatoriedad que se nos ha impuesto a los ciudadanos de conocer el castellano». «No podemos quedarnos de brazos cruzados», añadió.