La justicia tumba parte de un decreto vasco y permite a las empresas sacar beneficio de adjudicaciones sociales

Los artículos recurridos por la patronal son el 9.3 y 15.a, en los que «de facto se ponen unas condiciones que sacan al sector privado con ánimo de lucro de la posibilidad de concertación», explica la directora del área jurídico-laboral de Confebask, Virginia Múgica, que celebra la sentencia del TSJPV al considerar que este decreto del Gobierno Vasco, que regula el régimen de concierto social y los convenios en el sistema vasco de servicios sociales, «vulnera la ley».

Hasta ahora, en el sistema de concertación vasco podían concurrir tanto la empresa privada como la que no tiene ningún ánimo de lucro, esta última con una serie de prioridades. Sin embargo, explica Múgica, «en el decreto, a través de los dos artículos impugnados, se obliga a la empresa que tiene ánimo de lucro a que no lo tenga», dejando de lado la «libre competencia y el derecho a la empresa privada». Yno solo eso. «Va en contra de la ley de Servicios Sociales de 2008».

Este decreto regula la concertación en todo el sistema vasco de servicios sociales, pero el sector privado está fundamentalmente en las residencias de mayores y Gipuzkoa sería el territorio donde más impacto hubieran tenido los dos artículos impugnados. Gipuzkoa cuenta con unas 4.614 plazas concertadas en estos recursos, el 88% del total. Sea como fuere, esta normativa no se ha llegado a aplicar.

El primero de los artículos anulados establecía que «los módulos económicos del servicio a concertar se calcularán por el órgano concertante teniendo en cuenta los costes necesarios, fijos, variables y permanentes para la prestación del servicio con las condiciones de calidad requeridas en el expediente de concertación, sin incluir beneficio industrial, garantizando la indemnidad del patrimonio de la entidad concertada directamente afectado por la provisión de dicho servicio y conforme al resto de características de la financiación establecidas en las bases de la convocatoria». El segundo, por su parte, decía que las entidades concertadas deberían destinan «la totalidad de la financiación pública, y de la procedente de las personas obligadas al pago de existir, al servicio o servicios concertados, o, de estar así previsto en las bases, a servicios incluidos en otros conciertos con la misma administración, siempre de acuerdo con los costes fijados por esta en cada caso al determinar los módulos económicos del servicio o servicios concertados».

La ley de Servicios Sociales establece una prioridad en la concertación de estos servicios a entidades sin ánimo de lucro, pero el tribunal considera que «ello no avala que, si se concierta con entidades con ánimo de lucro –y es claro que estas no están excluidas en el modelo de servicios sociales vasco–, pueda excluirse el beneficio económico». Por eso, la sentencia, de julio, recoge que no es «en modo alguno admisible que el silencio de la Ley de Servicios Sociales pueda habilitar al reglamento para hacer una regulación contraria a los principios constitucionales» en los que se reconoce la libertad de empresa en la economía de mercado. «Es claro que esta se ejerce con ánimo de lucro y que los poderes públicos protegen su ejercicio y la defensa de la productividad».