Un juez anula una oferta foral de 54 plazas de cuidadora por exigir el euskera al 94% de puestos

El abogado Ignacio López Lera, que ha logrado tumbar varias ofertas públicas de empleo con motivo de la exigencia lingüística –Policía local de Irun–, es quien ha asesorado a las dos empleadas de Kabia que han presentado la denuncia contra el concurso para la estabilización de 54 plazas de cuidador/a, auxiliar de clínica y auxiliar de residencia, al entender que vulnera derechos fundamentales como el de igualdad de oportunidades.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, tiene en cuenta que de las 54 plazas, 49 exigen acreditar un perfil lingüístico (PL) 1 o 2, mientras que solo 5 están exentas de PL. Sin embargo, las dos demandantes tampoco pueden obtener una de las cinco plazas sin perfil «por los puntos reconocidos como mérito»: 5 puntos para el PL1 y 10 para el PL2, lo que en la práctica dejaría sin opción a las dos recurrentes.

El medio centenar de plazas ofertadas en la convocatoria son para centros de Hernani, Bergara, Oñati, Tolosa y Eibar, que representa la mayoría, con 34 puestos. En el caso de las dos trabajadoras de la villa armera, el juez precisa que las bases de la convocatoria «imponen unos requisitos lingüísticos de acceso que pretendiendo maximizar los objetivos de normalización del euskera en el organismo autónomo demandado, minimizan las aspiraciones de acceso al empleo público de los recurrentes, al punto de reducirlas a solo 2 de las 34 convocadas». Y en estos dos casos, el euskera es meritorio.

El juez avala los datos aportados por López Lera en su argumentario sobre el porcentaje de población euskaldun en Gipuzkoa, un 41%, relación que baja al 35% entre los mayores de 75 años. En Eibar, el 36% de sus habitantes domina el euskera. Ante esta realidad, el fallo matiza que «lo que no puede hacer la Administración Pública» es trasladar el objetivo de normalización lingüística a una convocatoria «asignando al 94% de las plazas convocadas un perfil lingüístico en euskera».