El Gobierno Vasco habla de «accidente laboral» y elude asumir responsabilidades por el derrumbe

Era la comparecencia política más relevante de los últimos años. Iñigo Urkullu, acompañadado de su Gabinete, acababa de anunciar el fin de la legislatura y la convocatoria electoral. Pero el lehendakari se vio obligado a dedicar ocho largos minutos de su intervención a justificar la gestión realizada por el Gobierno vasco tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar y a contrarrestar las críticas que ha recibido de ciertos sectores - «campañas de Twitter», las calificó él- por no haberse implicado personalmente en la resolucion del incidente. «¿Alguien piensa que no he estado al tanto de todo? No se trata de estar por estar. Se trata de ser operativos. Por mi experiencia personal, intento deslindar cualquier tipo de presencia que suponga solamente una escenificación», aseguró con gesto severo Urkullu, quien afirmó que lo que le «preocupa» es la búsqueda y, «si fuera posible», encontrar los «cuerpos de los desaparecidos».

El lehendakari optó por calificar en todo momento lo sucedido como un «fatal y fatítido accidente laboral» del que sería responsable una «empresa privada», en referencia a Verter Recycling 2002 SL. Y puso en valor el trabajo desempeñado por los equipos de emergencias y la coordinación exhibida entre el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia desde el mismo inicio de la crisis.

Además, anunció la puesta en marcha de una «comisión técnica» para determinar la forma de proceder a partir de ahora. En ese foro, que esta tarde se ha reunido por vez primera, están presentes el propio lehendakari, cuatro de sus consejeros, el diputado general de Bizkaia y su responsable de Transporte, así como los alcaldes de Zaldibar, Ermua y Eibar.

En ningún momento ha hablado Urkullu de errores gestión, no ya en los momentos posteriores al colapso, sino tampoco en los controles públicos a los que era sometida la escombrera. Pero el Gobierno Vasco es consciente de la magnitud que este suceso puede alcanzar en las próximas semanas, justo en plena precampaña electoral. De momento hay dos trabajadores desaparecidos y las incógnitas referidas a las causas del derrumbe y el papel de las administraciones públicas siguen sin obtener respuesta. De ahí que, cuatro días después del suceso, los máximos responsables del Ejecutivo hayan dado la cara públicamente. No sólo Urkullu esta tarde del lunes. A mediodía, los consejeros de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y el de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, fueron los encargados de comparecer ante los medios para trasladar las últimas novedades sobre el incidente, cuando en los días previos habían sido sus viceconsejeros.

Como ha hecho horas más tarde Urkullu, sus dos consejeros destacaron en todo momento la tarea desempeñada por los equipos de emergencia y los diferentes organismos públicos implicados en la gestión de la crisis. Ambos mandatarios trataron de arrojar luz sobre algunos de las cuestioner por resolver. Por ejemplo, si el vertedero contaba con todos los permisos y por qué las inspecciones a las que era sometido no pudieron prever el fatal incidente.

En relación a la situación operativa de la escombrera en el momento del sinistro, uno de los puntos oscuros que aún persisten en este caso, aclararon que el recinto siniestrado estaba al 75% de su capacidad máxima, cuantificada en 2,4 millones de toneladas, por lo que aún tenía opción de recibir 600.000 más.