El aumento de inspecciones sorpresa revela una cifra récord de áreas de mejora en las residencias de ancianos

Aquel año se hicieron 322 inspecciones. El número de controles se redujo un 43% en 2021, cuando se realizaron 184 supervisiones. No obstante, el año pasado, en el que solo nueve de las visitas fueron planificadas, –con aviso previo a los responsables del recurso–, se detectaron más áreas de mejora que nunca (48), seguramente porque la mayoría de inspecciones se hicieron sin previo aviso. Precisamente en una de esas visitas que acostumbran a hacer desde la Diputación para asegurarse de que todos sus centros funcionan con normalidad, se detectó que una de las 65 residencias del territorio incumplía la normativa de ratios. Es la única sanción que se puso el año pasado, y desde la Diputación ya han tomado las medidas pertinentes para solucionar este problema.

«Por mucho que el número de inspecciones realizadas y reclamaciones presentadas haya aumentado, no hay variación en las sanciones interpuestas», insisten desde el Gobierno foral. En los últimos cuatro años se ha castigado a tres residencias de mayores por diferentes motivos. Una en 2018, otra en 2020 y la última, en 2021. En 2019 no hubo la necesidad de poner ninguna sanción al no encontrar los servicios sociales infracción alguna en las 290 visitas realizadas durante todo el año, de las que el 78,7%, es decir, 228, fueron sin planificar, un porcentaje que en el último año ha crecido de forma significativa, teniendo en cuenta que en 2018 los controles sin previo aviso fueron solo el 42,2% del total, menos de la mitad.

Desde el departamento de Políticas Sociales que dirige Maite Peña (PNV) se han puesto como objetivo reforzar estas inspecciones en un futuro inmediato. Además de intensificar la actividad propiamente dicha, la Diputación quiere tener una evaluación continua de todo lo relativo a la calidad de atención, con el fin de avanzar hacia ese modelo más personalizado y centrado en las necesidades de cada persona. En estos momentos se hacen una media de quince inspecciones al mes, en las que se han encontrado 48 áreas de mejora, unas cuatro en cada visita.

El departamento trabaja ya para corregir esos puntos débiles descubiertos durante los diferentes controles, además de poner remedio a las 99 reclamaciones registradas el último año. Muchas tienen que ver con «el incumplimiento de diferentes aspectos recogidos en las órdenes forales sobre visitas y salidas por el Covid-19», que en más de una ocasión generaron malestar entre las familias por su exigencia, si bien encontrar ese equilibrio entre la seguridad de los mayores y su derecho de libre movilidad y contacto con los familiares ha sido uno de los mayores retos con los que se ha encontrado la Diputación en todo este tiempo. Es más, la institución foral detectó al menos tres centros que reducían el número de paseos o los ofrecían en condiciones inadecuadas.

El incumplimiento de ratios es otra de las quejas más repetidas, coincidiendo con las diversas jornadas de huelga convocadas por los sindicatos durante los últimos meses, en los que han insistido una y otra vez con este mensaje.

Sea como fuere, el que seguramente haya sido uno de los mayores aprendizajes durante la pandemia es el de la correcta «transmisión de la información a la familia de forma clara y sencilla». Es uno de los temas en el que más han incidido los familiares y la Diputación ya se encuentra en proceso de mejorar.

«No hemos estado finos a la hora de informar a las familias», admitió la propia diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, en una entrevista a este periódico. Mirando hacia atrás, «hubiera incrementado las medidas propensas a que los usuarios y familias recibieran correctamente las explicaciones de por qué se tomaban algunas medidas. Ahí hemos podido no estar demasiado finos llevados por la dinámica», dijo.

2020 fue el año más complicado para estos centros. Fue precisamente ese año cuando la Diputación hizo hasta 322 inspecciones, todas ellas no planificadas, tras haber recibido diferentes reclamaciones, con motivo de la huelga de las trabajadoras u otras causas extraordinarias como la sectorización por zonas Covid, la valoración de los planes de contingencia y verificación de cambios o la ampliación de plazas, según fuentes del propio departamento de Políticas Sociales.

En 2020 también fue cuando las residencias de mayores de Gipuzkoa más reclamaciones registraron (119), y se detectaron 41 áreas de mejora.