El juez admite la querella de los transportistas contra Oiarbide por seguir cobrando el peaje para camiones

El sector defiende en su denuncia que la Diputación y Bidegi estarían cometiendo un delito de «desobediencia grave» a una sentencia judicial. Esta posible falta está tipificada en el artículo 410 del Código Penal y establece que «las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (...) incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

La Diputación ha venido alegando que el canon puede seguir activo hasta el momento en que la sentencia sea publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG), circunstancia que aún no se ha producido. Además, en su opinión el conflicto judicial sigue abierto, dado que tanto el Gobierno foral como las Juntas Generales (el parlamento provincial) han recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional la suspensión del primer canon (vigente hasta mayo de 2019) y, en el caso del segundo (el que se sigue cobrando), está pendiente de resolución por parte del Supremo el incidente de nulidad presentado por ambas instituciones contra su decisión de anularlo.

La admisión a trámite de la querella ha sido dada a conocer este jueves por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), impulsora de la iniciativa junto al resto de organizaciones que conforman el Comité Nacional de Transporte por Carretera. A media tarde del jueves, la Diputación no tenía constancia de esa admisión.

El embrollo judicial respecto al peaje aún en vigor y anulado por los tribunales se mantiene mientras Gipuzkoa elabora un nuevo sistema de peaje que hará de pago para los camiones todo el trazado de la N-I y la A-15 por Gipuzkoa, en lugar de los tres tramos actuales que suman 16 kilómetros. Un peaje que obligará a instalar sistemas de identificación de matrículas y de cobro en todas las entradas y salidas a ambas carreteras, por lo que no entrará en vigor previsiblemente hasta ya entrado el año 2023 y que hará que el coste de cruzar el territorio para los transportistas casi se triplique. Así, el precio por cruzar de Etzegarate a Behobia será con la futura norma de 14,80 euros, frente a los 5,94 actuales. Una ampliación a la que la Diputación afirma haberse sentido «obligada» para evitar el sistema de tramos que los tribunales han juzgado discriminatorios para los transportistas foráneos frente a los locales.

En su comunicación, Fenadismer califica este proyecto de «venganza» del Gobierno foral hacia los transportistas «por haber conseguido tumbar judicialmente por dos veces» los peajes, y denuncia que su tarifa (0,22 y 0,28 euros por kilómetro, según el peso del vehículo, la misma que ahora) «supera el de las autopistas de pago del resto de España» cuando ambas vías «no son asimilables al de las autopistas de alta capacidad en cuanto a su diseño y trazado».

La asociación subraya que el coste medio de las autopistas de peaje españolas es de 0,19 euros por kilómetro, y pone como ejemplo que en la AP-68 que conecta Bilbao con Zaragoza el coste para un camión es de 0,16 euros/km.