Gipuzkoa no desiste y lleva el conflicto del peaje para camiones al Constitucional

El argumento aducido ha sido el que ha repetido en varias ocasiones la diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintane Oiarbide (PNV): que en el proceso judicial se han conculcado dos derechos fundamentales previstos en el artículo 24 de la Constitución, el de la tutela judicial efectiva y el de tener un proceso con todas las garantías.

¿Por qué? Porque, en opinión de PNV, PSE y los equipos jurídicos de las instituciones de Gipuzkoa, dado que la norma foral que amparaba el peaje tiene como norma de contraste una directiva europea, el Supremo estaría obligado a consultar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) antes de emitir su veredicto. En su defecto, en su resolución «debería haber justificado debidamente por qué no eleva esa cuestión prejudicial» a la Corte de Luxemburgo, explican fuentes jurídicas. «Y el Supremo no ha hecho ninguna de esas cosas», añaden.

La tesis es que si existe una directiva sobre peajes de ámbito europeo, debería ser la Justicia comunitaria la que interprete las normas que regulan estos cánones en la Unión, establezca criterios y unifique doctrinas en los casos en los que, como ha sucedido en Gipuzkoa, se pone en entredicho su legalidad por cuestiones como la discriminación indirecta que han apreciado los tribunales nacionales.

Sea como fuere, la elevación del conflicto al Constitucional no tendrá efectos prácticos para los camioneros a corto plazo. En primer lugar porque el recurso de amparo atañe a la norma foral 7/2016, la que regulaba el primer peaje, que dejó de estar vigente en mayo de 2019, cuando entró en vigor el actual.

En segundo, porque para cuando el TC pueda pronunciarse, siquiera sobre si acepta o no el recurso, pueden pasar varios años y ya estará previsiblemente en funcionamiento el nuevo peaje que prepara la Diputación, que entrará en vigor a finales de año o comienzos de 2022. Un canon que, a diferencia de los aprobados hasta ahora, hará de pago para los vehículos pesados todo el trazado de la N-I y la A-15 por Gipuzkoa, incluyendo la Autovía de Leitzaran. Un peaje para todo el recorrido al que el Gobierno foral afirma sentirse «obligado» tras el rechazo judicial por dos veces a su idea de canon por tramos.

Así las cosas, lo que buscan las Juntas Generales y la Diputación (que prepara su propio recurso de amparo, para el que hay de plazo hasta el 29 de julio) es una suerte de victoria moral ante el convencimiento de que su proyecto era legal y cumplía con la directiva europea, como demostraría que han sido las asociaciones de transporte y no una instancia comunitaria las que han denunciado los peajes. La Comisión Europea, por ejemplo, sí denunció el caso de los peajes para camiones en la autopista de Brenner (Austria), que en ocasiones se equipara al caso guipuzcoano. Ambos guardan similitudes pero también notorias diferencias.

Entretanto, los transportistas siguen haciendo frente al peaje que entró en vigor en mayo de 2019. Este también ha sido anulado por los tribunales con el mismo argumento de su carácter discriminatorio. Pero la Diputación mantendrá el cobro mientras no se publique la sentencia que lo ha invalidado. En este caso, el Supremo aún no se ha pronunciado sobre los incidentes de nulidad presentados por las Juntas y la Diputación contra su decisión.