Cae en Gipuzkoa una red que mantenía a dos mujeres sometidas a explotación sexual

Las dos mujeres, ambas de nacionalidad colombiana, estaban siendo explotadas en un chalet de Donostia, donde vivían hacinadas en literas habilitadas en la cocina y eran obligadas a estar disponibles las veinticuatro horas del día, afirman fuentes de la Delegación del Gobierno en Euskadi.

Los dirigentes de la red supuestamente blanqueaban las ganancias obtenidas mediante el uso de entramados empresariales ficticios y cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. De esta forma, obtuvieron unos ingresos no justificados de seis millones de euros desde 2014. La organización contaba con integrantes en España y Colombia, país este último que era el destino final de los beneficios obtenidos y de donde procedía la familia de la principal investigada, una ciudadana de origen colombiano.

Fuentes de la Delegación señalan que tras analizar toda la información obtenida durante la investigación, los agentes llevaron a cabo un operativo en el mes de diciembre en Gipuzkoa, tal como adelantó este periódico. Fue entonces cuando se practicaron las trece detenciones, con lo que los investigadores dieron por desarticulada la «organización criminal».

Los agentes llevaron a cabo tres registros domiciliarios, uno de ellos en la vivienda donde se realizaban los servicios de prostitución y otros dos en domicilios relacionados con la principal responsable. En uno de estos registros, concretamente en el chalet donde se llevaban a cabo los servicios sexuales, una de las mujeres manifestó estar siendo explotada por la red. Investigaciones posteriores llevadas a cabo por los agentes permitieron localizar a otra mujer que aseguró ser víctima de la organización. Ambas, de origen colombiano, fueron liberadas.

En el operativo en dicho chalet, la Policía se incautó de diversa documentación que «acredita» el control al que eran sometidas las mujeres así como el blanqueo de capitales investigado, afirman fuentes oficiales.

Respecto a las condiciones a las que eran sometidas, la Policía destaca el estado de hacinamiento de las mujeres que se encontraban en este domicilio, ya que ocupaban una estancia que correspondería a la cocina de una casa donde se habían ubicado seis literas, entre las que tenían que acomodar sus efectos personales.

Estas mujeres debían firmar un contrato de alquiler de habitaciones ficticio, y en todo momento permanecían controladas por la principal responsable a través de otras mujeres que utilizaba como encargadas. Estas se ocupaban de que estuvieran disponibles las veinticuatro horas del día, sin posibilidad de rechazar a ningún cliente o servicio sexual solicitado.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, eran las encargadas las que facilitaban las sustancias estupefacientes a los clientes que las solicitaban, principalmente cocaína, a través de las propias mujeres tratadas que tampoco podían negarse a la venta.

En los registros practicados se han incautado cerca de 40.000 euros en efectivo así como recibos acreditativos de pagos mediante tarjetas de crédito. Los agentes estiman que durante dos días en un solo mes la organización habría llegado a unos ingresos de al menos 7.500 euros. No obstante, tras las averiguaciones y el análisis de determinados documentos, los policías creen que desde 2014 los miembros de la organización habrían obtenido cuatro millones de euros en ingresos no justificados.

Con este dinero, según las fuentes citadas, costeaban «el alto nivel de vida de los responsables de la red en España y que destinaban a la compra de propiedades inmobiliarias en Colombia, país de origen de los mismos y destino definitivo del dinero que obtenían con las diversas actividades delictivas», afirman.

La vivienda donde se llevaban a cabo las actividades de explotación de las víctimas ha sido clausurada por orden judicial. La Policía mantiene abierta la operación y continúa con las investigaciones dirigidas para la identificación y localización de otros posibles integrantes de la organización.

La Policía ha intervenido diversas armas prohibidas tanto en el chalet de San Sebastián como en el domicilio de la principal responsable, situado en el alto Zorroaga. También ha requisado material informático.