Alrededor de 80 familias vascas recurren cada año a la gestación subrogada

Nada impide hoy por hoy que una persona o una pareja que recurra a un 'vientre de alquiler' en el extranjero inscriba después en el Registro Civil al bebé gestado por otra mujer como su hijo, aunque no se trate de un procedimiento sencillo; se requiere de una resolución judicial del país de nacimiento que avale la filiación y, en caso de no contar con ella, es preciso recurrir a los tribunales españoles o bien iniciar un expediente de inscripción en España con intervención del Ministerio Fiscal.

En los primeros borradores de la ley del aborto elaborados por el Ministerio de Igualdad llegó a plantearse la persecución penal de quienes optan por convertirse en padres por esa vía, pero nunca llegó a materializarse. Podemos achacó la renuncia a los socialistas, aunque estos también echaron balones fuera. Ayer ninguna de las dos Montero abrió la puerta a una modificación. La ministra de Hacienda alegó que ya al inicio de la legislatura se realizaron algunos cambios administrativos de objeto disuasorio, pero descartó ir más allá. «Cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta» adujo.

Ante la falta de normativa específica, estas cuestiones han sido resueltas en los últimos años a través de instrucciones de la Dirección General de Registros y Notariado, de la que depende el Registro Civil. La secretaria de Estado de Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, sí admitió que «aún hay pasos que dar para que no se pueda hacer [tener hijos por prestación subrogada] a través de segundos y terceros países» y dejó caer, en una entrevista en televisión, que el caso de la presentadora ofrece una buena oportunidad para plantearlo. Pero fuentes de su formación apuntan que, en principio, no hay nada en este momento sobre la mesa.

Las condiciones para recurrir a esta técnica, prohibida en España pero no en otros países, cambian dependiendo del lugar, aseguran desde la asociación vasca, que insisten en que «este todavía es un tema desconocido para la sociedad». Según Pablo Bilbao, portavoz de la entidad Gure Umeen Ametsak, los países a donde más acuden tanto las personas vascas como las del resto de España son Estados Unidos, donde en la gran mayoría de estados no hay que cumplir ninguna condición para ser padre o madre a través de la gestación subrogada. Le siguen Canadá, Ucrania antes de la guerra, y Georgia, entre otros. «Es un método de reproducción asistida regulado en más de cuarenta países a lo largo del plantea, con diferentes condiciones», defiende, y exige al Gobierno central un «debate sosegado» y que se aborde con «rigor, serenidad y sentido común» el análisis de esta técnica.

La donostiarra Olatz Manterola, que fundó hace dos años la asociación de gestación subrogada guipuzcoana HauRREra, insiste en que esta es «una técnica de reproducción asistida reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no forzada. Por supuesto –dice–, el trabajo forzoso está prohibido y la gestación subrogada forzosa también». El coste puede oscilar entre los 12.000 y los 200.000 euros. Si la persona contratante respeta las leyes del país en cuestión el que se gesta al bebé, puede regresar a España, como lo ha hecho Ana Obregón, con un bebé en brazos e inscribirlo, ya que prevalecen los derechos del menor.

Por lo pronto, este episodio ha provocado una sacudida en el primer partido de la oposición. El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo también reaccionó a la noticia y, tras pasar de puntillas sobre el asunto en su último congreso de 2017, ahora se abre a regular la gestación subrogada en España. Siempre, eso sí, con la condición de que quede claro que no puede haber ningún tipo de pago o contraprestación económica a la madre gestante por tener un bebé. «Mercantilizarlo sería execrable. No puede haber ningún pago directo o indirecto, pero nosotros estamos dispuestos a hablar de ello», aseguraron fuentes de la dirección nacional del PP. Los populares apuntan que se trata de una realidad «muy delicada y extremadamente sensible» por lo que entienden que se trata de uno de los asuntos «que requiere un debate en profundidad, serio y sereno». Un debate que, según añaden, tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, permita «dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que dé una respuesta clara ante un tema tan importante que afecta a la vida y la dignidad humana».

El portavoz adjunto del partido liberal en el Congreso, Edmundo Bal, defendió ayer que, aunque no esté de acuerdo con esta práctica, el Gobierno debería plantear una regulación jurídica que diera «seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores» e insistió en que lo que ellos plantean no es el «alquiler» de ningún vientre, como ocurre en otros países. «¿Cuántas personas famosas de nuestro país tienen familia – advirtió– a través de este sistema?».