Euskadi busca cómo gestionar un excedente de 5 millones de toneladas de residuos industriales

El problema recuerda, con sus diferencias, al que ya se vivió en Gipuzkoa con las basuras de los hogares. Se cerraron vertederos sin que hubiera alternativas para el tratamiento de los residuos tras la decisión de la Diputación, gobernada entonces por Bildu, de paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta. Desde 2016 hasta febrero de 2020 hubo que llevar 630.390 toneladas de residuos a Cantabria, Navarra, Iparralde, Bizkaia y al vertedero privado de Mutiloa, lo que supuso un coste de 47,6 millones de euros y un trasiego diario de decenas de camiones trasladando los desechos urbanos de los guipuzcoanos a territorios vecinos.

Ahora les llega el turno a los residuos industriales no peligrosos. Antes de que llegara la pandemia, la industria vasca generaba 3,3 millones de toneladas de material sobrante al año. De esa cantidad, más de la mitad (52%) se reutiliza. Un ejemplo claro es la chatarra que nutre a fundiciones y acerías. Otro 3% se incinera para obtener energía. Y el 44% restante (1,47 millones de toneladas) acaba en vertederos.

Para la gestión de los residuos industriales, en Euskadi hay un centenar de empresas valorizadoras con autorización ambiental para la gestión controlada de los no peligrosos, y 163 para los peligrosos.

Entre las consecuencias positivas que ha tenido la pandemia, una evidente es que con la caída de la actividad industrial el volumen de residuos cayó el año pasado de forma notable. Pero el escenario se ha recuperado en 2021.

Según datos aportados por el Gobierno Vasco, hasta el 30 de septiembre la industria vasca había depositado en vertederos 1,2 millones de toneladas, lo que lleva a predecir que a final de año se habrán superado los 1,6 millones.

De esa cantidad, el 94% (1,15 millones) reposan en celdas de la comunidad autónoma, y el resto (65.000 toneladas), en vertederos de otras comunidades, principalmente Castañeda (Cantabria) y Nájera (La Rioja).

Fuentes del sector aclaran que esta pequeña exportación no se debe a que no haya capacidad de absorción en los vertederos vascos, sino a cuestiones prácticas para las empresas generadoras, como la proximidad geográfica, la mejor adecuación de la instalación a su desecho, o el precio.

De hecho, fuentes del Gobierno Vasco explican que «a día de hoy, en Euskadi tenemos aún capacidad para absorber los residuos que se generan», aunque admiten que «empezamos a andar ya justos».

En los últimos años se han clausurado 17 vertederos, y siguen activos diez. Uno en Gipuzkoa (Aizmendi en Donostia), otro en Álava (Gardelegui en Vitoria), y ocho en Bizkaia (Abadiño, Abanto-Zierbena, Amorebieta, Bermeo, Igorre, Lemoa, Mallabia y Zalla).

La preocupación llega cuando se mira al futuro inmediato. Los repositorios de Mallabia (Betearte) y Lemoa (Bistibieta) están cerca de colmatarse y se les calcula un año de operatividad. Y al de Zalla (Cespa), tres. Dado que está descartado abrir nuevos, la pregunta es qué se va a hacer con unos residuos que no solo se mantendrán en los niveles actuales, sino que irán en aumento en los próximos años en paralelo a la recuperación económica.

El Gobierno Vasco ha diseñado un plan cuyo objetivo es reducir para 2030 hasta en un 85% el material depositado en vertederos. Con ello se solventaría el problema de capacidad que se irá generando a medida que se vayan cerrando instalaciones. En paralelo, se cumpliría con una de las premisas de la lucha contra el cambio climático, como es impulsar la economía circular mediante la recuperación y aprovechamiento de materiales ya usados. Y es que esa reducción de vertidos será consecuencia, entre otras medidas, de una nueva política de tratamiento de residuos, basada en recuperar todo lo posible e incinerar el resto, obteniendo así energía.

La apuesta del Departamento de Medio Ambiente que dirige Arantxa Tapia (PNV) es diseminar por Euskadi una decena de plantas de recuperación y valorización de materiales. Serán plantas sectorializadas, especializadas en recuperar materiales concretos de desechos específicos. Por ahora se han dado a conocer dos proyectos. Uno en Bergara para obtener cal procedente de los residuos de empresas recicladoras de papel, y otro en Zumarraga, para el reciclaje de plásticos. Ambos están aún en fase muy incipiente. De hecho, el de Bergara está paralizado después de que el Ayuntamiento haya revocado la autorización urbanística concedida inicialmente.

Ese es precisamente uno de los principales escollos a los que se enfrenta el plan del Ejecutivo de Iñigo Urkullu: el rechazo vecinal y, en ocasiones, de los alcaldes, en los municipios donde se plantea ubicar estas instalaciones en un contexto de recelo generalizado ante todo lo vinculado con el tratamiento de residuos.

Es en este punto donde entra en juego el debate sobre las denominaciones. Los críticos no dudan en catalogar como 'incineradoras encubiertas' instalaciones en las que se produce un proceso de eliminación por pirólisis, como sería el caso de Bergara.

El Gobierno Vasco replica que se trata de plantas industriales dedicadas a la recuperación de productos para uso industrial (en este caso cal para construcción, acerías o industria química) en las que, efectivamente, una segunda actividad es eliminar el material sobrante no recuperable mediante el tratamiento térmico, aprovechando también ese resto para obtener energía.

Profesionales del sector recuerdan por otra parte que en Euskadi existen desde hace décadas empresas que en su actividad ordinaria recurren a procesos de quemado de materiales, como las acerías y fundiciones, y a gasificaciones, como «una cuarentena de empresas químicas», por lo que a pesar de su actual demonización, «no se trata de procedimientos nuevos ni estrictamente ligados al tratamiento de residuos». Subrayan que «si no obtenemos esos materiales de los residuos industriales, se obtendrán de otras fuentes, que pueden ser recursos naturales. En el caso de la cal de Bergara, la alternativa son las canteras», apuntan.

Un tercer objetivo de la red de plantas de recuperación es hacer de Euskadi un territorio autosuficiente en la gestión de residuos, evitando tener que exportarlos, con la consiguiente huella de carbono que ese transporte genera. De paso, se incentivaría la creación de un mercado para estos productos secundarios, siendo Euskadi una parte de la oferta.

Pero el problema inmediato que afronta Euskadi es qué hacer con el excedente de residuos hasta que las plantas de recuperación y tratamiento estén operativas y mientras se van cerrando vertederos. Las fuentes del Gobierno Vasco consultadas subrayan que «tenemos alternativas que permitirían ir ajustando la capacidad de vertido a las necesidades». Esas opciones pasan por ampliar la capacidad de algunos de los vertederos existentes, habilitar para material industrial no peligroso vertederos ahora destinados a inertes, o aprovechar recursos disponibles no utilizados ahora.

Este último sería el caso de Epele, en Bergara, cerrado en 2018 por decisión de la Mancomunidad de Debagoiena y que el Gobierno Vasco aspira a reabrir para aprovechar los 324.730 metros cúbicos que quedaron sin usar. Esta instalación tendría, además, la posibilidad de ser ampliada en hasta otros 700.000 metros cúbicos. Esta semana, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una ayuda de hasta dos millones de euros para financiar la reapertura y reutilización de la instalación.