Eguzki dice que la Fiscalía ha dado un «tirón de orejas» a la Diputación por «filtrar» denuncias medioambientales

El colectivo ecologista Eguzkia ha señalado este viernes que la Fiscalía de Gipuzkoa ha dado un «tirón de orejas» a la Diputación por poner «filtro» a las informaciones que le hace llegar sobre delitos contra el medio ambiente, y que es algo que ellos han denunciado más de una vez. Asegura que el Ministerio Público ha enviado un oficio al diputado foral de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, Jabier Larrañaga, «para que le remita todos los atestados que incoen los guardias forestales en los que haya indicios de delito ecológico, sin que sus superiores pongan filtro alguno, tal y como establecen la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Eguzki indica que es la propia Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco la que informa de esa postura en su Memoria 2022 (ejercicio 2021). El colectivo ecologista recuerda que en octubre del pasado año interpuso sendas denuncias relacionadas con el ámbito de la caza en Gipuzkoa, tras el abatimiento por disparos de escopeta de un elanio azul en Segura y un águila calzada en Errezil, ambos ejemplares de especies protegidas. «En ellas, solicitábamos no solo identificar y castigar a los autores de los disparos, sino también esclarecer por qué no es la propia Diputación la que denuncia este tipo de hechos ante la Fiscalía. Añadíamos que las autoridades, en cuanto tienen conocimiento de que se ha cometido un presunto delito, están obligadas a comunicarlo al fiscal o al juez, sin que puedan decidir qué comunican y qué no, como, al parecer, sucede en la Diputación».

Eguzki subraya que en el epígrafe 'Relaciones con la administración» del capítulo correspondiente a Medio Ambiente y Urbanismo' de la Memoria 2022 de la memoria de la Fiscalía vasca se puede leer: «En Gipuzkoa, son periódicas las reuniones mantenidas entre miembros del Guarderío Forestal y el Fiscal Delegado en las que, además de informar del desarrollo de algunas investigaciones, se ha trasladado una serie de disfuncionalidades que se están produciendo entre los guardas forestales y los jefes de servicios de montes y de flora y fauna de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se nos ha trasladado que cuentan con dificultades para poder desarrollar las funciones que la ley les reconoce como policía judicial, ya que los jefes de servicio realizan una labor de análisis previo a modo de 'filtro' en el traslado de informes y atestados al Fiscal que legalmente no les corresponde. Antes de que los informes y atestados de los guardas forestales lleguen al fiscal, los jefes de servicio realizan una labor de análisis jurídico previo que corresponde exclusivamente al Juez o al Fiscal. Con tal proceder, muchos informes/atestados incoados por los guardas forestales no llegan con la premura precisa al Fiscal, o se modifican antes de llegar al Fiscal, perjudicando la necesaria celeridad con la que se debe responder penalmente ante hechos que puedan revestir caracteres de ilícitos penales. La problemática referida se ha tratado de solventar con reuniones con los jefes de servicio de montes y de flora y fauna, así como reuniones con guardas forestales. La última reunión celebrada con los guardas forestales y en la que se nos trasladaba la problemática antes referida tuvo lugar el 22 de diciembre de 2021. A raíz de la misma, el Fiscal delegado ha puesto en conocimiento del Fiscal Jefe la problemática referida, y se ha procedido a enviar oficio al Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa dejando clara la postura de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa que no es otra que el seguimiento de la Instrucción 4/2007 de la Fiscalía General del Estado reguladora de la especialidad ambiental en el seno del Ministerio Fiscal, solicitando que se establezcan los cauces adecuados en la estructura de funcionamiento del órgano administrativo del que dependen los Agentes Forestales para que se proceda a la remisión inmediata al Fiscal Delegado de aquellos hechos que aparentemente pudieran ser delictivos, de todos los atestados que extiendan los Agentes Forestales, y que en dicho traslado, sin perjuicio de que den cuenta e informen a sus superiores jerárquicos (Jefes de Servicio), éstos no realicen ningún filtro o análisis jurídico previo, poniendo en conocimiento del mentado Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de Gipuzkoa los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial que confirman la condición de los guardas forestales como policía judicial, con las implicaciones legales correspondientes».

Por último, el colectivo ecologista prosigue que en la memoria también puede leerse: «Se tienen contactos puntuales con las diputaciones forales… No parece que, en el ranking de la represión de delitos, los relacionados con el medio ambiente sean una prioridad, ni siquiera en plena crisis ecológica».

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