¿Por qué Donostia deberá aplicar el descuento aunque no quisiera?

La reacción del alcalde donostiarra, Eneko Goia, a la decisión del martes de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) de prorrogar los descuentos sin esperar a comprobar si acabará llegando dinero del Estado para ello, obliga a explicar cómo funciona el particular sistema de transporte público guipuzcoano y por qué la decisión mayoritaria obliga a todos los operadores.

Lo primero es recordar que en el alambicado entramado competencial vasco, la gestión del transporte público es atribución de los territorios (Gipuzkoa, Álava y Bizkaia). Excepto Euskotren, porque es una compañía dependiente del Gobierno Vasco, y Renfe, del Estado.

A partir de ahí, cada uno está organizado de manera distinta. En Álava y Bizkaia cada institución y operador funciona de manera independiente. En este caso de las ayudas, eso se traduce en que en Bizkaia, por ejemplo, Metro Bilbao puede decidir prorrogarlas (de hecho lo ha hecho ya), y no Bilbobus o Bizkaibus. Lo mismo sucede en Álava. En el territorio vizcaíno existe un consorcio en el que los distintos operadores se coordinan, pero las decisiones de unos no atan a otros. En Álava ni siquiera hay consorcio. Está en fase de desarrollo.

Gipuzkoa es diferente. Como bien saben los usuarios habituales, existe una tarjeta de transporte (Mugi) que es mucho más que la clásica tarjeta monedero con la que pagar el billete.

Al viajero que paga con ella le cuesta lo mismo el billete de autobús, ya sea un interurbano de Lurraldebus o un urbano, que en Euskotren o Cercanías Renfe. La tarifa varía en función de la distancia recorrida, no del medio elegido. Mismo trayecto, mismo precio. Las únicas excepciones son que las tarifas de los urbanos difieren en función del tamaño de la población (cuesta menos el bus de Hernani que el de Donostia) y la existencia de bonificaciones para colectivos como parados, jóvenes, mayores, familias numerosas...

El modelo Mugi es un sistema de billete y tarifa única para todos los operadores de la red. Y son la amplia mayoría de los que hay en Gipuzkoa: Euskotren, Lurraldebus y los urbanos de Donostia (Dbus), Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani, Lasarte-Oria, Oñati y Oiartzun. El año que viene se incorporarán los de Tolosa. Con Cercanías Renfe, que al no ser operador guipuzcoano no forma parte de la ATTG, hay un acuerdo por el que acepta aplicar las tarifas Mugi a cambio de compensaciones.

La integración tarifaria llevó en su día a reforzar la relación entre los operadores e ir un paso más allá. Cada operador, y su respectiva administración, es independiente, pero las decisiones que afectan al conjunto de la red se toman por mayoría, de forma mancomunada y solidaria, y obligan a todos. Aunque no estén de acuerdo. Por ello Donostia no puede eludir la rebaja del 50% a partir de enero. Hacerlo supondría salirse del sistema Mugi.

En la asamblea participan 20 representantes, pero no todos los votos valen lo mismo. La Diputación y el Gobierno Vasco, como socios promotores, ostentan la mayoría, con un 45% cada uno. Donostia, el 5%; y el resto se reparte el otro 5%. Por partidos, hay 8 representantes del PSE, 8 del PNV y 4 de EH Bildu.

Pero dado que tanto en el Gobierno Vasco como en la Diputación las áreas de Movilidad están en manos socialistas, es el PSE el que controla la entidad.

La otra cara del mayor peso de estas instituciones es que también asumen los gastos e inversiones propios de la ATTG, como los desarrollos tecnológicos.