Diputación traslada a las familias la intención de compensarles por la huelga en residencias
La institución foral estudia qué fórmulas existen pero expresa a la vez la dificultad jurídica. Sin contar con el último mes de paros de octubre, las empresas deberán devolver 710.000 euros al departamento de Políticas Sociales
Con el conflicto laboral en las residencias y centros de día de mayores abierto en canal, sin visos de solución a medio plazo y ... con nuevas convocatorias de huelga este mes, las familias han tomado protagonismo como interlocutoras directas con la Diputación, a la que piden que dé una solución, restablezca la paz laboral en los centros donde residen sus familiares y «dignifique» la atención. A instancias del Departamento de Políticas Sociales que dirige Maite Peña, la asociación Gipuzkoako Senideak, que ha alzado la voz con varias concentraciones, fue informada de la situación del sector y también, entre una larga lista de asuntos, de la intención de los servicios forales de compensar de alguna manera a los usuarios por el perjuicio de los días de huelga, como reclama la asociación. Aunque todavía no hay una fórmula concreta sobre la mesa, responsables de Política Social trasladaron a los portavoces de las familias que están estudiando cómo restañar a los usuarios y a sus familiares, que están sufriendo las consecuencias de los paros, un total de 118 jornadas desde septiembre del año pasado a las que se sumará otro mes más, según el llamamiento que hizo ELA, y también la jornada de movilización convocada desde LAB. «La situación se está volviendo insoportable», reflejaba con preocupación Xabier Pierrugues, portavoz de Gipuzkoako Senideak.
La solución no es fácil, por la dificultad jurídica que entraña cualquier movimiento que, sea cual fuere, debe contar con todas las garantías legales. Fuentes del Departamento de Políticas Sociales y los propios familiares explicaron ayer que la factura del servicio la pagan directamente los usuarios a las empresas, y por lo tanto, la Diputación no tiene mano para ejecutar un reembolso al uso. Hay que tener en cuenta además que no en todas las residencias se ha hecho huelga, y que por lo tanto no todos los usuarios han salido perjudicados con unos servicios mermados durante las movilizaciones.
Primer contacto
En el primer contacto este jueves con la asociación, que se prolongó durante tres horas, quedó manifestada la voluntad foral de estudiar qué posibilidades legales hay de emprender esa vía nueva. Las familias acudieron a escuchar y salieron con una montaña de datos sobre las condiciones laborales en el sector, los ratios de atención y el modelo del servicio, un información que quieren analizar estos próximos días con el resto de usuarios. De momento, tienen convocada una concentración este próximo martes a las puertas del Palacio foral en Donostia. Los familiares quieren que, más allá de que se solucione el conflicto laboral, se abra un debate de fondo sobre cómo se está atendiendo a las personas mayores en las residencias y en los centros de día. «No podemos aceptar que se les trate como a cosas y no como a personas», clamaron el pasado martes en una protesta frente a la Diputación.
Gipuzkoako Senideak volverá a concentrarse el martes para exigir una solución al conflicto laboral
En esa convocatoria, las familias también exigieron que se descontara a las empresas el dinero por los servicios no prestados durante la huelga. Ese mecanismo ya se ha puesto en marcha, bajo el argumento de «enriquecimiento injusto», puesto que las empresas han venido recibiendo la misma tarifa de la Diputación pero se han estado ahorrando los costes salariales de las trabajadoras en huelga. La diputada Maite Peña informó en el último pleno de Juntas Generales que la factura asciende a 710.788,2 euros, que se corresponden a las huelgas realizadas hasta el mes de julio, 88 jornadas en total. Falta por cuantificar el impacto de la última tanda de paros, los que se prolongaron durante un mes entre mediados de septiembre y octubre. La responsable jeltzale explicó en la Cámara guipuzcoana que ya se ha notificado a las empresas la cuantía a restar en la próxima tarifa, un 3% del total que abona la Diputación por las plazas que concierta. Las residencias tienen ahora un margen para presentar alegaciones y así determinar la cifra exacta a descontar.
El seguimiento
El cálculo, desgranó la diputada, se ha realizado en base a diferentes indicadores y tras evaluar el impacto de la huelga en cada centro y en función de cada categoría laboral. En ese proceso han podido comprobar cuántas personas han secundado los paros. Según sus cuentas, en julio, por ejemplo, fueron 180 personas de un total de 5.000 trabajadores.
El departamento expuso ayer a las familias la situación del sector y del modelo de atención
El sindicato convocante, ELA, nunca ha dado cifras, pero sí ha reflejado que el seguimiento está siendo «mayoritario», si bien los elevados servicios mínimos estaban mermando una mayor adhesión, se han quejado en las distintas movilizaciones. La central, de hecho, decidió recurrir ante la Justicia el decreto del Gobierno Vasco que elevó esos servicios del 50% habitual al 70%, un aumento basado en un informe foral de inspección de la Diputación foral sobre presuntas «negligencias», que ELA siempre ha desmentido y además ha señalado que fueron notificadas a través de un cuestionario remitido por las empresas y no a través de visitas presenciales de los inspectores a los propios centros el primer día de huelga, el 28 de septiembre de 2018.
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