La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo

El educador no dudó en trasladar esas advertencias a la Ertzaintza –en la comisaría de Zarautz– y a sus superiores de Políticas Sociales. Fuentes de este departamento evitaron realizar ayer cualquier comentario sobre esa denuncia escudándose en la protección de menores, pero sí confirmaron que este verano no han «enviado ningún menor tutelado» a esas «colonias privadas».

El departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes expresó por su parte su «condena» por los «tratos vejatorios sufridos por decenas de menores» en el campamento alavés, y subrayó la «importancia de aplicar los protocolos, tanto en los udalekus públicos como en los organizados por entidades privadas.

Entre esas normas que rigen estas actividades y que comparten las tres diputaciones vascas, figura que «los niños y niñas a partir de 12 años se distribuyen en las habitaciones atendiendo a su sexo y/o expresión de género». En cuanto a las duchas, «los tiempos se diferencian en todas las edades, siendo en la mayoría de casos duchas individuales», defiende la Diputación de Gipuzkoa.

En el udaleku de Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea de Bernedo, en cambio, las familias de algunos participantes, principalmente de chicas de entre 13 y 15 años, han denunciado, como ayer informó este medio, que entre otras anomalías los monitores obligaban a los niños y niñas a ducharse desnudos juntos con el argumento de que, si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino, podía sentirse 'categorizade' (sic). También afirman que los monitores y monitoras se duchaban con ellos y que, a menudo, muchos cuidadores se paseaban con sus miembros sexuales al descubierto.

La noticia del campamento de Bernedo provocó ayer un efecto rebote en las instituciones vascas. Todos los organismos públicos con competencias en el control de actividades con menores volvieron a eludir responsabilidades por lo ocurrido. El argumento principal para volver a echar balones fuera fue que se trata de una actividad organizada por una asociación privada sobre la que no tienen competencias.

También apuntaron que Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea no había solicitado permiso para realizar la actividad. En un contexto de respuestas incompletas lo único claro es que ninguna institución controló la actividad del udaleku.

Las reacciones públicas se empezaron a suceder ayer. Pero lo cierto es que el año pasado al menos un educador de un centro de menores de Gipuzkoa ya alertó de lo que estaba sucediendo.

Este año el campamento de verano se desarrolló entre el 8 y el 23 de agosto. Las familias supieron lo que había pasado cuando los niños volvieron a casa, ya que apenas podían comunicarse con sus padres mientras estaban allí. Fue entonces cuando empezaron a hacer preguntas a las instituciones y al propio campamento. Cansadas de recibir portazos han acudido a la Prensa para hacer público lo que había pasado con el objetivo de que «no vuelva a ocurrir».

Tras la publicación de la noticia se conoció un dato importante que no se sabía hasta ahora a pesar de la insistencia de las familias afectadas. Los días previos a la publicación del artículo, las instituciones aludían al carácter privado de la entidad y se señalaban unas a otras cuando las familias de las niñas –primero– y este periódico –después– les preguntaron quién tenía la responsabilidad de controlar lo que ocurría en el campamento de Euskal Udalekuak, que además organiza otros dos –algunos con denuncias similares– en localidades de Navarra –Goñi y Abaigar–.

La principal novedad la aportaron la Diputación de Álava y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. Ambas administraciones afimaron que la asociación no había pedido permiso para realizar la actividad con los menores. Es decir, en la práctica operaban como una especie de 'campamento fantasma' a pesar de que llevan décadas organizando udalekus en la pequeña localidad alavesa.

La Diputación de Álava insistió en que «no es un albergue reconocido, por lo que no tenemos que realizar ninguna inspección sobre la instalación». También afirmó que la asociación «no nos ha comunicado la actividad ni ha pedido subvención, por lo que no tenemos conocimiento de su existencia» desde el punto de vista institucional. Una afirmación que realizó a pesar de que los propios responsables de la asociación declararon en una entrevista que «somos parte del pueblo. La gente del campamento es muy conocida allí».

El consejero de Seguridad también insistió en que la actividad de esta agrupación –que sí consta en la página de asociaciones juveniles del Gobierno Vasco– «no figuraba en ningún registro público» y reconoció que la Ertzaintza ha abierto una investigación. Es decir, Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea estaba operando sin pedir permiso a las instituciones, como exigen los decretos que regulan la actividad de los campamentos infantiles.

Fuentes del Departamento de Seguridad apuntaron, en todo caso, que la «competencia de los udalekus es de las diputaciones y de los ayuntamientos». El área de Cultura del Gobierno Vasco subrayó en este sentido que ellos sólo son responsables de la supervisión de estas actividades cuando se desarrollan en más de un territorio.

Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea siguió ayer sin dar ningún tipo de explicación pública sobre las denuncias.