La Diputación mantiene la apuesta de exigir euskera en sus convocatorias de empleo

La Diputación foral de Gipuzkoa mantiene su apuesta por la normalización del euskera en la Administración, no solo en iniciativas como la adhesión al Euskaraldia, sino también en su política de contratación pública, ámbito donde ha sufrido varios reveses judiciales. Así lo ha constatado en la convocatoria de la oposición para acceder a plazas de cuidador/a de la Fundación Uliazpi.

La institución foral ha publicado las bases del proceso de selección y mantiene el perfil lingüístico preceptivo en 19 de las 21 plazas ofertadas, una circunstancia similar a la que propició la judicialización que ha derivado en varias sentencias anulatorias.

Sindicatos y agentes sociales aguardaban con interés la postura tanto de Diputación como de otras administraciones públicas a la hora de convocar nuevas OPEs bajo la espada de Damocles de unos tribunales que vienen fallando contra los concursos por su supuesta «discriminación» en materia lingüística. El caso de Uliazpi constata que al menos la institución foral permanece, por el momento, en su criterio de exigir un determinado conocimiento de euskera a quien aspira a un puesto público. En este caso, requiere un nivel B2 a los cuidadores y en cupo de reserva para personas con discapacidad saca igualmente dos plazas con perfil lingüístico 2 preceptivo.

Se da la circunstancia de que hace exactamente un año el Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por Uliazpi contra la sentencia de febrero de 2023 del TSJPV que declaró nula la OPE de cuidadores por exigir euskera en el 94% de las plazas. La convocatoria ofertaba concretamente 34 plazas, de las cuales 32 tenían asignado un perfil lingüístico.

En el caso actual, el porcentaje baja hasta el 90% al pedir un conocimiento de euskera a 19 de las 21 plazas sacadas a concurso. No obstante, los argumentos de los demandantes, respaldados por los jueces, se repiten, lo que presagia una nueva judicialización del asunto.

El TSJPV esgrimió que el llamado índice de obligado cumplimiento que establece que un 65% de las plazas públicas deben ser para personas con nivel de euskera «no puede trasladarse a las bases de la convocatoria de acceso al punto de sacrificar el derecho a acceder al empleo público a quienes no acrediten el conocimiento lingüístico requerido», un argumento al que pueden volver a agarrarse nuevos potenciales demandantes.

La propia portavoz foral, Irune Berasaluze, asumió hace varias semanas, a raíz de la anulación del proceso de consolidación de 54 plazas de las residencias de Kabia, que había una jurisprudencia que había marcado una línea argumental, ante lo cual apelaba al trabajo en común de los partidos para abordar cambios legislativos.