La Diputación descontará 710.000 euros a las residencias en huelga y las familias piden ser compensadas

El impacto económico de la huelga irrumpe en un momento del conflicto laboral en el que ha asomado la amenaza de la huelga indefinida, si no se logra que ELA, el sindicato convocante, acerque posturas y al menos se siente a negociar con las patronales y el resto de centrales, cosa que no hace desde hace un año, cuando endureció su lucha por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. La incidencia en el coste del servicio y en la tarifa que la Diputación paga cada mes a las empresas por las plazas concertadas -más del 80% del total- no es un asunto baladí. ELA, por ejemplo, había pedido que se descontaran esas cuantías.

EH Bildu elevó la cuestión al último pleno de Juntas Generales, donde la diputada Maite Peña detalló el procedimiento. La responsable del departamento explicó que, tras la consulta en los servicios jurídicos, se decidió activar el descuento bajo el argumento de «enriquecimiento injusto», puesto que las empresas han estado cobrando la misma tarifa por parte de la Diputación -por las plazas concertadas- pero durante la huelga se han estado ahorrando los sueldos correspondientes a las trabajadoras que han secundado los paros. Peña citó varias resoluciones por las cuales se concluye que una administración no debe seguir pagando la tarifa por los salarios no abonados, sino ajustarla a los servicios prestados.

Cuantificar esa cifra no resulta sencillo. Para ello, han tenido que evaluar el porcentaje de seguimiento en cada residencia (y en los centros de día, donde la convocatoria de huelga también ha estado en pie), y evaluarlo por categorías laborales (auxiliares, enfermería, administrativos...). De momento, el departamento ha calculado la cuantía a descontar a las empresas hasta julio. Las residencias ya han recibido esa factura, y tienen ahora margen para presentar las alegaciones pertinentes, explican desde el departamento, y así determinar la cuantía exacta a devolver. Una vez completado este proceso, se restará esa cifra en la siguiente tarifa. Los números manejados hasta el momento suponen que por cada día de huelga las empresas dejarán de percibir unos 8.000 euros en total, que se corresponden con el 3% de la tarifa que les aboga la Diputación por las plazas que concierta. Al cálculo habrá que añadir más adelante la factura por el último mes de huelga, que terminó el pasado día 18.

El mecanismo de devolución, señalan desde la Diputación, les ha permitido además saber cuántas personas han secundado la huelga. Según sus cuentas, en julio, por ejemplo, 180 personas se movilizaron, de un sector de 5.000 trabajadores. ELA no ha dado cifras de seguimiento, y siempre ha hablado de un fuerte respaldo, pero ha dejado claro que los elevados servicios mínimos estaban impidiendo un respaldo mayor.

La central abertzale, la única que de momento está convocando los paros -LAB hizo el año pasado algún día suelto de huelga-, tiene recurrido el decreto de servicios mínimos ante la Justicia, al entender que se basa en un informe foral de inspecciones que no fueron presenciales. A la espera de lo que resuelvan los tribunales -todavía no hay fecha de juicio-, las residencias y centros de día han tenido que estar atendidas al 70%, salvo en horario de mayor actividad, cuando debe asegurarse un 80% del servicio, durante las huelgas, frente al 50 y 60% respectivamente de anteriores convocatorias.

La Diputación ha insistido en que su papel no es el de entrar en primera persona a la negociación, lo que compete a patronales y sindicatos, sino garantizar la atención correcta a los mayores. Peña recordó que están viviendo el conflicto «con preocupación, porque afecta directamente a un colectivo vulnerable», más de 5.000 personas mayores ingresados en residencias.