Mikel Malcorra, director de Elkartu. Arizmendi

Denuncian el incumplimiento del derecho al empleo de personas con discapacidad en Gipuzkoa

Elkartu, la Federación de Personas con Discapacidad Física en el territorio, ha constatado que sólo el 8% de los Ayuntamientos encuestados cumple con la reserva legal exigida del 2%

Martes, 23 de mayo 2023, 12:56

La Federación de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Elkartu, ha denunciado el «incumplimiento del derecho al empleo» de personas discapacitadas en la administración pública ... del territorio. La Ley del Estatuto Básico de Empleado Público establece que progresivamente «se alcanzará el 2% de empleados públicos con discapacidad en las Administraciones Públicas». No obstante, la entidad ha constatado que dicho objetivo aún esta lejos de cumplirse en Gipuzkoa.

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En concreto, la entidad ha acreditado que, de los 34 ayuntamientos del territorio a los que se le ha solicitado información del personal en plantilla, «sólo el 8,8% cumple con la reserva legal del 2% en favor de las personas con discapacidad, mientras que el 11,8% la incumple y el 67,4% ni siquiera ha ofrecido información al respecto».

Con el objetivo de compobar el grado de cumplimiento del artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, la entidad se puso manos a la obra para cuestionar a distintos consistorios del territorio sobre el tema en cuestión. Los resultados no han sido demasiado positivos. Han respondido únicamente 11 Ayuntamientos, es decir, el 32,4% de instituciones municipales a las que se ha requerido la información.

Además, según ha detallado Elkartu, el 36,4% de respuestas no hacen mención del total de personal público, «lo que impide determinar el nivel de cumplimiento de la reserva legal». Entre los Ayuntamientos que ofrecen la información requerida, «el 57,1% no cumple con la obligación relativa a que el 2% del personal público tenga reconocida la situación de discapacidad».

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Así las cosas, Elkartu ha denunciado «el escaso compromiso mostrado para abordar una cuestión tan relevante para garantizar el derecho a trabajar en un mercado laboral abierto, accesible e inclusivo reconocido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad».

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