La demora de acceso a una residencia crece un 27% con mil guipuzcoanos en la lista de espera

Las cifras muestran una Gipuzkoa cada vez más envejecida y es manifiesto que el veloz crecimiento que se proyecta para la población de 65 y más años va a propiciar un incremento en el número de plazas y horas de atención necesarias. Este colectivo supone ya el 22,9% de la población guipuzcoana y, entre 1981 y 2021, el grupo de más de 85 años se ha multiplicado por cinco, según datos del Eustat. En este contexto, la Diputación afronta el reto de atender a este colectivo, que en su mayoría prefiere alargar la estancia en su domicilio antes de ingresar en una residencia, donde la edad media de quienes causan alta es de 85,2 años y de 88,2 de quienes causan baja, normalmente por fallecimiento. La estancia media en las residencias de mayores del territorio se sitúa en 3,5 años.

La crisis demográfica tiene un impacto directo en los cuidados, lo que ha desembocado, entre otros factores, en un aumento de los usuarios de los diferentes servicios sociales que tiene en funcionamiento la Diputación de Gipuzkoa. En total durante el año pasado, los servicios sociales de Gipuzkoa batieron récords y atendieron a 38.375 personas (el 59% son mujeres), el mayor número de usuarios de la historia.

La pandemia, con las residencias cerradas por el covid, supuso un frenazo y la lista de espera descendió un 40%. Pero tras superarse la crisis sanitaria, la demanda se recuperó y el aumento ha sido constante. Los datos de 2021 hablaban de 478 personas en lista de espera, cuando en 2023 alcanzaron las 783 personas y hasta las 995 del año pasado que aguardaban una de las 5.322 plazas ofertadas en 64 centros residenciales (el 88% son plazas concertadas, con financiación pública).

Por contra, el número de plazas ofertadas no 'engorda' a la misma velocidad que la lista de solicitantes ni mucho menos: en 2024 se concertaron 44 nuevas plazas en centros residenciales y tres en centros de día (actualmente hay 1.894 plazas en estos recursos, de las cuales 1.600 son concertadas).

La hoja de ruta de los servicios sociales con la que trabaja la Diputación para los próximos seis años prevé la creación de 757 plazas en residencias para personas mayores y 235 en centros de día y hasta las 1.556 nuevas plazas en sus diferentes recursos, «por lo que se requiere un aumento continuo en el ritmo de ejecución para poder alcanzar el objetivo previsto», según indica la memoria, que habla a su vez de la «activación» de un equipo de cinco médicos itinerantes y profesionales de enfermería para reforzar la atención sanitaria en las residencias.

No obstante, uno de los objetivos fijados en este horizonte 2030 es que «el 85% de las personas dependientes y con necesidades de apoyo sigan viviendo en su domicilio», a través de un modelo de atención centrado en la persona y que favorezca la autonomía en su entorno habitual a través de las ayudas y prestaciones de dependencia. Un ejemplo es el programa Zaintza Herri Lab desarrollado en Pasaia y extendido a otros 17 municipios, con resultados «alentadores» y que ha sido distinguido con el primer premio nacional a la Innovación Pública, por su modelo para desarrollar ecosistemas locales de cuidados enfocados en mejorar la atención a las personas mayores que viven en sus hogares.

Según expone la memoria, este proyecto «evidencia una tendencia hacia el retraso en la edad de ingreso en residencias entre los mayores de 80 años». En este sentido, el año pasado se atendió a más de 800 personas a través de diferentes programas de apoyo a la vida independiente.

Una de las alternativas hasta que se libra alguna plaza concertada es la contratación de un cuidador profesional en el hogar. Es más, en los últimos tiempos el área que dirige Maite Peña está impulsando los cuidados a domicilio profesionalizados, que retrasan hasta «cinco años» el ingreso en una residencia.

El año pasado, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) -de financiación foral y que prestan los ayuntamientos- atendió a un total de 6.548 personas y el volumen de horas prestadas alcanzó las 1,3 millones de horas.

Asimismo, el gasto en prestaciones de dependencia en el entorno familiar ascendió a 73 millones de euros, un 9% más que el año anterior. Asimismo, durante el año 2024 fueron valoradas de dependencia, discapacidad y de valoración de orientación de plaza un total de 21.886 personas, un 15% menos que en 2023. También ha habido un total de 5.577 solicitudes para las distintas prestaciones de dependencia, un 3% menos que el año anterior y 20.238 personas perceptoras de prestaciones de dependencia.

El gasto público en políticas sociales ha aumentado de forma ininterrumpida en la última década, hasta alcanzar los 734 euros por habitante, 33 euros más respecto al año anterior y hasta un 60% más en la última década. Si hace diez años se destinaban 458 euros por persona en gasto social en Gipuzkoa, esta cantidad se ha ido incrementando año a año -excepto en 2021, cuando se redujo de 607 euros a los 594-. Salvo esta excepción a consecuencia de la crisis del coronavirus, la tendencia del gasto ha ido al alza por varios factores como el «crecimiento del peso de la población mayor de 65 años, una mayor incidencia de las enfermedades mentales o el aumento del riesgo de exclusión social y de las situaciones de desportección», según señala la memoria.

Así, el año pasado el gasto social por cada guipuzcoano alcanzó la cifra más alta registrada hasta la fecha, los 734 euros, «con la finalidad de reforzar el sistema actual de servicios y prestaciones, como una estrategia fundamental para avanzar en el cumplimiento de las previsiones de universalidad de la Ley de servicios sociales».

En una sociedad cada vez más envejecida que no deja de crecer, la idea del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales es seguir impulsando un modelo de atención, cuidados y apoyos centrado en las personas, además de la creación de un mayor número de plazas; el refuerzo de los servicios de apoyo a la vida independiente o programas de inclusión.