Una decisión «obligada» ante el 'todo o nada' de los tribunales

Un 'todo o nada' en el que el Gobierno foral no ha dudado un segundo hacia qué lado de la balanza decantarse. Renunciar al peaje está descartado desde el momento en que todos los partidos aceptaron y acordaron ya hace años que Gipuzkoa debe cobrar en todas sus vías de alta capacidad un canon para ayudar a costear el desgaste de una red viaria sobreutilizada por su ubicación geográfica y su carácter transnacional. Antes de la pandemia, en torno a 12.000 camiones circulaban cada día por estas carreteras. Así que solo quedaba la segunda opción.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV), ha reiterado cada vez que ha podido que hacer de pago todo el trazado de la N-I y la A-15 «no es el modelo que defiende la Diputación», alegando que el Gobierno foral se ha visto «obligado» a hacerlo de este modo «por la decisión de las asociaciones españolas de transportistas de recurrirlo y las sentencias de los tribunales».

El modelo de peaje total y con puntos de cobro en cada entrada y salida se entiende así como la respuesta pragmática de Gipuzkoa al rechazo de los tribunales al inicial modelo de tramos, y una fórmula que trata de eludir cualquier resquicio de discriminación que pueda hacer recurrible el nuevo canon.

Entretanto, el conflicto judicial respecto a los dos peajes anulados no ha concluido. La Diputación y las Juntas Generales han recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional la suspensión del primer canon, cuyo recorrido judicial ordinario ya ha finalizado. En el caso del segundo peaje, está pendiente de resolución por parte del Supremo el incidente de nulidad presentado por ambas instituciones contra su decisión de anular el canon.