Cuatro años de cárcel para el conductor que mató a dos ciclistas de Villabona en León

La jueza considera probado que el 28 de junio de 2018, sobre las 10.50 horas, el acusado conducía su Audi A4 por la N-601, «teniendo sus facultades disminuidas a consecuencia de una previa ingestión alcohólica que mermaba considerablemente su capacidad» para conducir. Así, al llegar a la altura del municipio leonés de Santa Cristina de Valmadrigal, «perdió el control del vehículo, desplazándose a la derecha y atropellando» a los tres ciclistas, que iban «correctamente circulando por el arcén derecho en sentido León».

El matrimonio falleció en el acto a consecuencia del impacto, y su hijo sufrió «lesiones físicas de carácter leve». El conductor, señala la sentencia, «una vez ocurridos los hechos y habiéndose percatado de los mismos, puesto que llegó a bajarse del vehículo, abandonó el lugar del accidente» y fue interceptado poco después a bordo del coche y detenido por agentes de la Guardia Civil. El acusado fue sometido a un test de alcoholemia, y arrojó una tasa positiva de 1,26, por lo que quintuplicaba el límite permitido por la ley y «presentaba síntomas claros y evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol». Además, conducía sin seguro. Ingresó en prisión provisional, donde permaneció hasta julio de 2019, y consta que padece de abuso de sustancias psicotrópicas, por el que se encuentra en tratamiento desde 2008, si bien en este caso no se ha aplicado la atenuante de embriaguez.

La jueza señala que la conducción de vehículos a motor habiendo ingerido bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y otras sustancias «es uno de los mayores factores de riesgo de la muy alta siniestralidad vial y por esa razón desde hace muchos años la respuesta penal es permanente en nuestra legislación y en la de los países del entorno».

Las acusaciones particular y popular que ejercían de una parte la familia de las víctimas, Nerea Aguirre y José Carlos Carrasco, de 41 y 43 años, y de otra el Ayuntamiento de Villabona, localidad en la que este trágico suceso provocó una gran conmoción, solicitaron en un inicio una pena de prisión de 17 años para el acusado. Por su parte, la Fiscalía de León pidió 4 años de cárcel. Una pena a la que finalmente todas las partes se adhirieron el día del juicio, celebrado el mes de septiembre, tras constatarse que el Consorcio de Seguros había abonado las indemnizaciones solicitadas, que superan los 730.000 euros. El acusado reconoció los hechos, por los que se le considera autor de un delito contra la seguridad vial en concurso con dos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave, y aceptó dicha pena.

No obstante, la sentencia condena asimismo al Consorcio de Seguros a indemnizar en una cantidad mayor a la abonada a los familiares que han asumido la tutela del menor, así como al niño por las secuelas psicológicas provocadas y por las que ha precisado de tratamiento. Y también impone el pago de intereses moratorios por el retraso en el abono de las indemnizaciones. Una resolución que ha sido recurrida por el citado consorcio.