La crisis de la vivienda añade en dos años 4.000 nuevos demandantes de VPO en Gipuzkoa

El acceso a una vivienda protegida es la única opción asequible para miles de familias y jóvenes que tienen el objetivo de emanciparse. Esta situación ya crítica se agrava todavía más en Gipuzkoa, donde los precios inmobiliarios son los más altos en Euskadi y de los que más en el resto del Estado. Alquilar una vivienda requiere destinar una gran parte del suelo a ello y comprar una en el mercado libre es inviable para miles de ciudadanos individuales y familias.

Según los últimos datos ofrecidos por el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, el segundo trimestre de este 2025 concluyó con un 16,4% más de solicitudes que en 2023, y ese aumento ha tomado la dirección de que el reparto se incline cada vez más hacia la vivienda protegida de alquiler. Si hace dos años el 28% de los demandantes buscaban comprar un piso y el 72% restante alquilarlo, actualmente esa cifra ha descendido al 25,8%; 7.565 frente a los 21.712 que prefieren alquilar, lo que supone un 74,2%. La razón principal de esta inercia podría ser la apuesta definitiva que el Gobierno Vasco está haciendo por el arrendamiento de la vivienda, ya que todas las nuevas promociones públicas que son de competencia autonómica son exclusivamente de alquiler.

El Plan Director de Vivienda del Gobierno Vasco marca el objetivo de construir 5.250 viviendas que sean ofrecidas a la ciudadanía como alquiler asequible en los tres próximos años. El último anuncio realizado por el consejero Denis Itxaso, por ejemplo, fue que las 98 viviendas a cargo del Gobierno Vasco en Ciudad Jardín, en el barrio donostiarra de Loiola, serán de alquiler protegido. Y más allá de esa fecha de 2028, el gobierno autonómico también peleará para que la mayoría de las viviendas que se van a levantar a partir de 2030 en Easo, donde las actuales vías del Topo, sean de alquiler.

De todos modos, el porcentaje de población que opta a una vivienda protegida en arrendamiento tiene aún margen de crecimiento. El número total de demandantes en Euskadi es de 102.699 y el peso del alquiler es aún mayor, un 79,3%. Por territorios, Bizkaia se encuentra prácticamente en la media (78,6%) y es en Araba donde más se busca un alquiler, con un 89,8%. Por lo tanto, Gipuzkoa está por debajo de la media.

Para optar a una vivienda de protección oficial mediante Etxebide el interesado debe estar empadronado en un municipio vasco, ser mayor de edad –o ser un menor emancipado–, carecer de una vivienda en propiedad y, por último, acreditar que en el último año fiscal la totalidad de los ingresos no superan los máximos establecidos por Etxebide. Esos topes son de 57.721,24 euros anuales en el caso de aspirar a la compra de una vivienda pública y de 45.022,57 en el de alquiler. A partir de ahí, cada demandante recibe una puntuación que se tendrá en cuenta a la hora de asignar las viviendas en promoción.

Los 102.699 vascos que están inscritos en Etxebide pueden solicitar una vivienda protegida en cualquier municipio de toda Euskadi. En Gipuzkoa, la suma de todas las peticiones que han recibido los municipios del territorio que cuentan con oferta de pisos públicos es de 45.640 solicitudes. Cada uno puede apuntarse a un máximo de tres localidades, ya que el sistema de Etxebide permite formar una solicitud en la que se incluya el municipio en el que está empadronado, en el que se encuentra su centro de trabajo y uno más a libre elección. Por ejemplo, un hernaniarra que trabaja en San Sebastián puede solicitar una vivienda pública en esos dos municipios y en otro como Astigarraga si no desea irse muy lejos de su actual lugar de residencia.

En este periodo de dos años en los que los demandantes han subido en más de 4.000 en Gipuzkoa, todos los municipios han visto sus peticiones aumentadas excepto cuatro: Zarautz, Zumaia, Irura y Aia. Como era de esperar, la ciudad con más solicitudes en San Sebastián con un total de 14.508. El 69% de ellas son para alquiler y el 31% para compra, mientras que el 64,7% han sido realizadas por vecinos de la capital guipuzcoana y el 35,3% de vascos que no están empadronados en Donostia.

La media de ingresos declarados de las personas solicitantes en Donostia es de 19.062 euros anuales, con destacadas diferencias entre los que aspiran a la compra –26.700 los empadronados y 26.259 los no empadronados– y los que buscan el alquiler, con 15.842 y 15.608, respectivamente. Además, el 17% de los interesados en residir en una vivienda protegida, ya sea alquilada o en propiedad tras la compra, ingresa anualmente entre 28.860 y 45.022 euros, mientras que uno de cada cuatro solicitantes declara tener ingresos inferiores a los 12.000 euros anuales.

Por último respecto a la capital, el 22,7%, según datos ofrecidos por el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, es menor de 36 años, un colectivo especialmente castigado por las dificultades que tiene para la emancipación de casa de sus padres. En Gipuzkoa, solo el 25% de los jóvenes menores de 30 años lo logran actualmente.

Irun y Errenteria, segunda y tercera localidades con más habitantes de Gipuzkoa, respetan su posición en la lista de municipios con más solicitudes, con 3.341 y 3.055, respectivamente. Sin embargo Eibar, el cuarto con más habitantes y con 1.399 peticiones, es adelantado por Zarautz (2.380), Hernani (1.921) , Lasarte-Oria (1.850), Hondarribia (1.579) y Pasaia (1.506) en solicitudes.