El consorcio avala abrir expediente a sus anteriores responsables

Según las conclusiones del análisis jurídico realizado por el bufete Simmons & Simmons, se detalla que «en un examen preliminar (...) a priori concurren las circunstancias necesarias para instruir un procedimiento de responsabilidad patrimonial directa por daños y perjuicios». El gabinete también apunta que el consorcio tiene «un plazo de un año para instruir dicho procedimiento» a contar desde la notificación de la firmeza de la sentencia. Cabe recordar que el Tribunal Supremo confirmó en enero de este año la sentencia del Superior vasco que confirmaba la «nulidad de pleno derecho» de aquella decisión de paralizar el contrato y la incursión de los dirigentes abertzales en una «desviación de poder» al adoptar dicha decisión.

Por tanto, GHK debería incoar en pocas semanas ese expediente antes de expirar ese plazo. Además, apuntan de Simmons & Simmons, «la omisión de actuaciones (...) supone una contravención de los principios de buena administración y podría generar incluso responsabilidad». Las conclusiones finalizan señalando que «la resolución de inexistencia de alcance contable por parte del Tribunal de Cuentas, no impide la instrucción de un procedimiento de responsabilidad patrimonial por los mismos hechos».

Así las cosas, aunque la vía judicial ya se haya agotado, GHK buscará «depurar responsabilidad» a través de ese expediente. El consorcio, además, cree necesario solicitar el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la instrucción del expediente de exigencia de responsabilidad, al estimar que GHK no dispone de los recursos necesarios para poder tramitar el procedimiento.