El 'chapuzas' se enfrenta a un nuevo juicio por estafa a un vecino de Irun

Este es el segundo juicio al que el acusado se enfrenta en la capital guipuzcoana. El investigado, Josué S. J., ya afrontó el pasado año un juicio por el que fue absuelto, aunque la Fiscalía solicitaba dos años y nueve meses de prisión y la devolución de 9.000 euros a dos familias perjudicadas de Bergara.

Los hechos que son objeto de este nuevo proceso tuvieron lugar en 2016. Según los escritos de conclusiones elaborados por la Fiscalía Provincial y la acusación particular, el perjudicado se propuso reformar una vivienda de su propiedad en Irun. Para ello solicitó varios presupuestos y entre ellos a una empresa que se anunciaba como Reformas Aitor. Tras sopesar las distintas posibilidades, la víctima se decidió por la empresa del acusado con quien contactó y con quien también llegó a un acuerdo sobre los trabajos a realizar.

Según se detalla en el escrito de conclusiones de la acusación que ejerce el perjudicado y que está representado por el letrado José Ángel Basurto, las condiciones del acuerdo quedaron reflejadas en un documento escrito. El acusado exigió que dicho contrato no se redactase a nombre de Reformas Aitor, como se recogía en la publicidad, ni tampoco al suyo propio, sino al de otra sociedad, Obra y Reformas Samina, de la que Josué S.J. manifestó ser apoderado y representante legal.

En dicho contrato se establecía que la forma de pago sería en tres plazos iguales condicionados a la evolución de la obra. Así un 33% se debía abonar al picar y desescombrar; otro 33% al colocar la instalación de electricidad y fontanería y el 34% restante, a la finalización.

De esta manera, el 24 de junio de 2016, en cuanto comenzaron los trabajos, el denunciante abonó el primer pago por un importe de 7.458 euros mediante transferencia «a pesar de los intentos del denunciado por que se le pagase en metálico», según se detalla en el texto acusatorio. Tres semanas más tarde y sin que se hubiese realizado la instalación de electricidad ni la fontanería, tal como se recogía en el presupuesto, el denunciado pidió que se le abonase el segundo pago por otros 7.458 euros.

El denunciante inicialmente se negó dado que, según lo acordado, dicho pago se cumplimentaría cuando se hubiesen raseado las paredes y colocado las conducciones de fontanería y las eléctricas. Pese a los recelos, el acusado le convenció a la víctima para que realizase la entrega del dinero que, según le precisó, necesitaba para recoger del establecimiento Leroy Merlin las puertas, ventanas, cerámicas, radiadores y demás material que previamente había encargado. Finalmente, el dueño de la vivienda accedió y el 8 de julio cumplimentó el pago.

Y ahí terminó todo. «Desde ese día, el denunciante no volvió a aparecer por la obra», relata el abogado en su escrito de conclusiones. La víctima, sin embargo, no cejó en su empeño de dar con Josué y finalmente consiguió contactar telefónicamente con él. Este, le transmitió que atravesaba problemas económicos, que no podía seguir con la reforma y que le devolvería poco a poco lo cobrado de más.

Las posteriores indagaciones que el titular de la vivienda realizó con la finalidad de aclarar todos los extremos del caso le llevaron a visitar el establecimiento Leroy Merlin. Quería conocer si el denunciado había retirado y pagado el material previamente encargado. Pero cuál fue su sorpresa cuando los responsables del centro le manifestaron que ni Josué S.J. ni la sociedad Obra y Reformas Samina S.L. eran clientes de dicho establecimiento. Asimismo, supo que la cuenta corriente de pago no correspondía ni al acusado ni a la citada empresa de reformas.

La acusación particular y la Fiscalías consideran que el acusado es autor de un delito de estafa por el que solicitan 30 y 18 meses de prisión respectivamente.

Este caso se encuentra al margen de las diligencias que se siguen en otro juzgado de la capital en las se han acumulado 31 reclamaciones, después de que la Guardia Municipal donostiarra llevase a cabo una laboriosa investigación que finalizó con la detención de este chapuzas, que fue puesto a disposición judicial, si bien posteriormente quedó en libertad provisional. Se estima que el monto de lo defraudado se aproxima a los 300.000 euros.