Cerca de 130 guipuzcoanos están en lista de espera para la valoración de exclusión social
El tiempo que pasa desde que una persona solicita el diagnóstico hasta que se lleva a cabo es de cuatro meses
Más de un centenar de personas están en lista de espera para la valoración de la situación de exclusión social enGipuzkoa. En concreto, son 127 quienes, ellos mismos o a través de diferentes asociaciones, han solicitado al departamento de Cuidados y Políticas Sociales una evaluación de su situación y todavía no se ha procedido a la valoración, según datos proporcionados por la diputada Maite Peña a raíz de una pregunta realizada por la juntera de EH Bildu, Estitxu Elduaien. En estos momentos, se lee en la misma respuesta, el tiempo de espera desde la solicitud hasta que se lleva a cabo la valoración es, de media, de cuatro meses o, lo que es lo mismo, unos 120 días.
El objetivo es valorar la existencia de situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social. Esto es, este servicio facilita la identificación y la gradación de las situaciones de exclusión y sirve para orientar a las personas solicitantes hacia recursos o prestaciones económicas que mejor respondan a sus necesidades. Así, está dirigido a personas que presenten indicios de encontrarse con este tipo de dificultades, siempre que sean mayores de edad y estén empadronados en algún municipio de Gipuzkoa. En el caso de personas sin residencia legal, es necesario un empadronamiento en Euskadi, acompañado de residencia efectiva, con seis meses de antelación a la fecha de la solicitud.
Normalmente, cuando se habla de una persona en situación de exclusión social se hace referencia a aquellas que no tienen las posibilidades de llevar una vida digna, por diferentes motivos, como el económico.
En definitiva, para la Diputación de Gipuzkoa la exclusión social es «la privación, entre otros, de derechos económicos, sociales o políticos y la dificultad para el ejercicio de los mismos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía». Incluye en este grupo a las personas con problemas de consumo, que tienen el derecho de solicitar y someterse a una valoración para el diagnóstico de la exclusión social.
