Los casos de desprotección infantil en Gipuzkoa se disparan un 30% en cuatro años

Las notificaciones realizadas por asociaciones, profesionales o particulares alertando de que un menor sufre maltrato por parte de sus progenitores o responsables legales alcanzan las 872, un 10% más que el año anterior y hasta un 30% más que hace cuatro años, según los datos de la memoria de 2024 del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales.

Son a quienes más protección se debería brindar, al considerarse el colectivo más vulnerable, sin embargo hasta 847 menores se encontraban en una posible situación de desprotección, esto es, «aquellas situaciones en las que sufre un menoscabo importante de su bienestar debido a actitudes negligentes o maltratantes por parte de sus progenitores o responsables legales». Las familias implicadas ascienden a las 639 frente a las 560 del año anterior y las 461 de hace cuatro años. Según recoge la memoria, cuando el Departamento recibe una notificación «se lleva a cabo un proceso de valoración para confirmar su veracidad, el nivel de gravedad, los problemas que pueden estar asociados a la situación de desprotección y finalmente, establecer las necesidades de intervención para poder garantizar el bienestar de los menores de edad afectados».

Los datos arrojan la realidad más cruda: la mitad de las notificaciones de desprotección, el 51%, corresponden a menores que tienen personas adultas de referencia en el territorio, según recoge la memoria. Suelen ser niños o adolescentes que viven, bien con sus padres o con algún otro familiar, como pueden ser los abuelos o los tíos, y que por diferentes motivos no cumplen con los deberes de protección o incluso son víctimas de maltrato físico, maltrato emocional o abuso sexual. Reflejan las situaciones más extremas pero también existe una violencia menos evidente como aquella en la que hay falta de higiene, falta de alimentación, amenazas, abandono emocional o aislamiento.

Los casos de desprotección se dan también en otro tipo de perfiles, como son aquellos menores que no cuentan con ningún referente en Gipuzkoa y que alcanzan el 27% del total (236 casos). Suelen ser menores extranjeros no acompañados, que han dejado su país en busca de una oportunidad en Europa y han terminado en nuestro territorio.

Asimismo, el otro 21,9% de notificaciones de desprotección, un total de 191, corresponde a menores infractores. En este apartado se incluyen las remisiones de expedientes por parte de la Fiscalía de Menores de acuerdo a la Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal de los menores, por la que «todos aquellos casos de niños, niñas y adolescentes infractores menores de 14 años y aquellos que, estando por encima de esta edad, la Fiscalía lo considere oportuno, son remitidos a la Diputación para que adopte las medidas que considere pertinentes».

Según recoge el documento, sigue aumentando la demanda en todos los recursos de atención y «se atiende a más niños, niñas y adolescentes y durante más tiempo, lo que implica dificultades para absorber toda la demanda que llega al servicio». Esta tendencia se refleja en las cifras: 1.131 niños y 753 familias fueron atendidas por los equipos Ezia (que realizan el seguimiento de los casos en los que se sospecha de desprotección infantil grave y están formados por trabajadores sociales y psicólogos);otros 2.402 menores de edad han tenido abierto el expediente por el servicio de protección a la infancia y adolescencia, y 1.158 niños han sido atendidos en los programas de intervención familiar.

En total, los diferentes recursos residenciales de la Diputación realizaron 1.283 acogimientos, aunque el número real de menores acogidos en situación de desprotección social fue de 807, ya que un niño puede pasar por varios centros residenciales a lo largo del año. Habitualmente, el acogimiento residencial tiene «carácter temporal» para aquellos menores cuyas «necesidades materiales, afectivas y educativas» no pueden ser cubiertas en su propia familia y trata de orientarse bien hacia el retorno a la familia biológica o hacia medidas alternativas como la adopción.

En este contexto, el repunte de conflictos familiares y la «aparición creciente de urgencias que se activan a partir de hechos de alta conflictividad en unidades familiares» obligó a repensar el modelo de acogida de menores y poner en marcha, en abril del año pasado, el primer centro para tratar en exclusiva estos casos. Ubicado en Donostia, cuenta con diez plazas para aquellos niños y jóvenes que tienen problemas graves con sus familias, que cada vez llegan más al sistema de protección foral. El objetivo principal es que los profesionales ayuden tanto a los menores como a sus respectivos familiares a solucionar los problemas que les han llevado a esa situación de malestar. De ahí que el centro residencial sea de carácter temporal y la intervención, en la que participan todos los miembros de la familia, tiene «un carácter terapéutico y socioeducativo».

Asimismo, también el año pasado se abrieron dos centros de urgencia, uno para menores extranjeros no acompañados en Donostia, con 20 plazas, y otro para menores autóctonos en Irun, con 17. En los recursos de urgencia fueron atendidos 79 niños a fecha 31 de diciembre, con una ocupación del 105%. En las plazas de perfil general, la ocupación alcanzó el 99%.

Por otro lado, un total de 22 adolescentes, el 36% chicas, llegaron hasta el centro de día de alta intensidad Erriberak a lo largo del año pasado. Se trata de chavales con tutela en situación de riesgo o exclusión social «que tienen dificultades en la convivencia familiar», así como para integrarse en el entorno donde viven.

También el programa de estancias temporales de niños y adolescentes extranjeros atendió a un total de 151 menores, de los que 72 eran de Ucrania y 79 del Sahara. A estos se suman cuatro menores que llegaron por razones médicas y otros tres para escolarizar.