Desahucio de un caserío

«Me han cambiado la cerradura de casa y no he podido ni coger mi medicación»

Como cada mañana, Julián Gurrutxaga estaba en la chabola situada frente a su caserío dando de comer a sus conejos y gallinas. Eran las 9.30 cuando escuchó ruido de coches y unas diez personas que se acercaban a su casa, en Astigarraga. Eran representantes del prestamista con el que contrajo una deuda y a quien se adjudicó la vivienda en 2022, acompañados de funcionarios del juzgado y un cerrajero, que en unos minutos cambió la cerradura de su casa, dejándole en la calle. «No he tenido tiempo ni de coger la medicación», lamentaba ayer Julián, que permaneció en el lugar durante horas, esperando una solución. En su coche, una camisa, una chaqueta y unas zapatillas que pudo coger antes de ser desahuciado. El Ayuntamiento de la localidad le ha ofrecido alojamiento en un piso municipal, en el que podrá permanecer «el tiempo que quiera».

Hace poco más de un mes que Julián denunció su caso apoyado por la plataforma Stop Desahucios, en una rueda de prensa en San Sebastián. Allí explicaron que el hombre, de 73 años, tuvo un problema económico hace 9 años por el que recurrió a un prestamista aragonés, Gormedino S. L. «Le liaron», y acabó firmando un préstamo de 147.000 euros con un interés del 15% y otro de mora del 29% en el que puso como garantía el caserío Gurutzeta, en el que nació en 1950 y donde ha vivido desde entonces. Hasta que ayer le echaron sin que nada pudiera hacer para evitarlo. «Si es que ha sido en minutos. Han dicho que tenían prisa y que no podían esperar. El gato estaba dentro y se lo han encontrado debajo de la cama», relataba Julián.

Con él estaban el alcalde de Astigarraga, Xabier Urdangarin; y la concejala de Bienestar Social, Estibaliz Neira. «Hemos consultado y tenemos disponible un piso tutelado del Ayuntamiento, que está destinado a personas mayores o en situación de vulnerabilidad, por lo que cumple los requisitos. Él está de acuerdo en entrar y en principio se podría quedar en caso de que no se solucione lo de la casa», explicó Neira. Por su parte, el alcalde aseguró que iban a enviar un escrito oficial del Ayuntamiento al juzgado «para que le den una prórroga, porque no se lo han comunicado debidamente».

La vivienda está otorgada en donación a la sobrina de Julián, que ha residido durante años en el caserío, pero él sigue teniendo el usufructo. Hace unas semanas que ella recogió sus cosas y se fue, y desde entonces no han tenido más contacto. Aunque llegaron a los tribunales para evitar el desahucio, en mayo de 2022 el caserío fue subastado y adjudicado al prestamista, que ayer lo hizo suyo. «Yo no sabía nada, ayer hablé con mi abogada y no me dijo nada», decía Julián.

Con el alojamiento solucionado, la mayor preocupación es poder entrar en su casa para recuperar sus cosas, principalmente la medicación que toma para diferentes dolencias, entre ellas la insulina. Desde Stop Desahucios, que también acompañaron ayer a Julián, se han movilizado para solicitar al juzgado que pueda recoger sus pertenencias, «porque sabemos que a la casa no va a poder volver, aunque sean unos usureros».

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