PNV y EH Bildu evitan que GHK encargue un informe por parar la incineradora

La propuesta defendida por Asensio tenía visos de ser aprobada en la asamblea, ya que la coalición PSE-PNV dispone de un 87% de la representación de la misma, pero antes de registrarse la votación, los jeltzales se descolgaron con una nueva propuesta en la que se opta por aplazar la petición de cualquier estudio hasta que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre el recurso de GHK al fallo que eximía al exdiputado foral de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la expresidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, de responder económicamente por las deudas que se atribuyen a aquella paralización. Música para los oídos de los representantes de EH Bildu, que sumaron sus votos a los del PNV, con lo que el consorcio no dictará de momento ninguna orden a los servicios jurídicos para que aclarar esos extremos.

Los portavoces socialistas acogieron con sorpresa esa propuesta jeltzale y admitieron no tener constancia de dicha opción alternativa hasta la propia reunión. «Creemos que es el momento oportuno para encargar esos informes pero la mayoría ha decidido aplazar esa opción», apuntaron ayer desde el PSE. Los socialistas prefirieron no valorar políticamente esa decisión y defienden que ese paso no debería estar supeditado al pronunciamiento del Tribunal de Cuentas (TCU) ya que el fallo del Tribunal Supremo es «paralelo» y «firme» ya que mientras una sentencia se refiere al responsable formal de la operación (la sentencia firme del TS), la otro apunta al responsable, por así decirlo, contable.

El diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK, José Ignacio Asensio, había planteado que la inadmisión por parte del TS del recurso de casación interpuesto por las mancomunidades de EH Bildu a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -que resolvió que los responsables públicos abertzales incurrieron «desviación de poder» en sus decisiones de 2013- representa una confirmación suficiente para requerir a los servicios jurídicos y técnicos la emisión de dos informes. El primero, sobre los requisitos exigibles para incoar un procedimiento de exigencia de responsabilidad administrativa de autoridades y, el segundo, sobre la identificación y cuantificación de los posibles daños derivados del acuerdo del 25 de noviembre de 2013.

Asensio señaló en estas páginas que ese sería el primer paso en el camino de, quizás, volver a recurrir a la vía judicial, esta vez, con la sentencia del Tribunal Supremo en la mano. «Primero tendrá que llegar el informe de los servicios jurídicos y luego tendrá que decidir la asamblea del Consorcio, por lo que es pronto para concretar, pero podríamos hablar de una demanda por la vía civil para exigir responsabilidades», apuntó el diputado en una reciente entrevista.

Sin embargo, este camino sufrirá un ligero retraso, ya que el PNV ha rechazado realizar ningún requerimiento hasta que el Tribunal de Cuenta s se pronuncie sobre el recurso que Diputación y Fiscalía realizaron al fallo comunicado en octubre y que exculpaba los responsables abertzales. El TCU desestimó íntegramente la demanda interpuesta por GHK contra el ex diputado foral de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la presidenta del Consorcio, Ainhoa Intxaurrandieta, excargos públicos que paralizaron la incineradora de Zubieta durante la anterior legislatura de Bildu. GHK había interpuesto la demanda a instancias de la Fiscalía del propio TCU solicitando el reintegro de 41 millones de euros por parte de los dos citados responsables institucionales al considerar que esta era la pérdida acumulada en la sociedad foral como consecuencia de la resolución del contrato de la planta de Zubieta en noviembre de 2013. La resolución explicó que «el sobredimensionamiento de la planta de valorización energética inicialmente proyectada está cumplidamente acreditado» y afirma que ello «hacía ineficiente, si no directamente inviable, la planta».

Tras la sentencia, GHK presentó el correspondiente recurso de apelación y el Tribunal de Cuentas dio audiencia a las partes para que expusieran sus alegaciones. Y a la sala de apelación que revisa los hechos -compuesta por tres consejeros distintos a la magistrada Margarita Mariscal de Gante que dictó el primer fallo- llegó después la nueva petición de pena del fiscal, que insistía en que «entendemos probados los hechos recogidos en la demanda, consideramos que se ha producido un perjuicio a los caudales públicos en la cuantía solicitada, e interesamos se dicte una sentencia que condene a los demandados a indemnizar por las cuantías establecidas en la demanda».

Queda comprobar cómo resuelve el TCU el recurso y si tiene su peso el pronunciamiento del TS en la decisión de quién debe ser el responsable contable de la paralización del anterior proyecto de incineradora. Hasta que no llegue esa decisión, el PNV parece haber vetado la posibilidad de requerir esos informes de responsabilidad a los servicios jurídicos de GHK. Sea como fuere, además, la sentencia del TCU podrá ser recurrida también al Alto Tribunal.