La Audiencia archiva la denuncia contra Oiarbide por el peaje a los camiones

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha confirmado el auto de sobreseimiento libre de la causa dictado por el juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, al desestimar los recursos de apelación presentados por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el sindicato vasco Hiru contra la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide. En concreto, las entidades de transportistas habían acusado a la responsable foral de las carreteras de Gipuzkoa de delitos como prevaricación o desobediencia por no acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo, y seguir cobrando el canon para el transporte de mercancías en determinados tramos de la N-I y A-15. En una sentencia contra la que no cabe interponer recurso alguno, la Audiencia de Gipuzkoa confirma que no tuvo lugar ninguna acción delictiva. Tras conocer la resolución del tribunal de la sección primera, Oiarbide mostró su satisfacción por haber demostrado que sus decisiones se ajustaban «escrupulosamente» a la ley, y por haber quedado cerradas «las puertas a cualquier otro recurso» por parte de los transportistas.

En su auto, la Audiencia recuerda la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos del delito de prevaricación y concluye que en este caso -el mantenimiento del peaje regulado por la Norma Foral 6/2018 hasta que el Boletín Oficial de Gipuzkoa del 21 de octubre de 2021 publicó el fallo de la sentencia que la anuló- no se aprecian visos de «una actuación contraria a Derecho de manera grosera, arbitraria, no susceptible de ser defendida jurídicamente con apariencia de solvencia».

Además, el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Gipuzkoa precisa que la decisión de la titular de Infraestructuras Viarias fue adoptada con el respaldo de la asesoría jurídica tanto externa como interna de la Diputación, por lo que, de acuerdo al auto al que ha tenido acceso este periódico, Aintzane Oiarbide no incurrió «en error», ni obró con «temeridad ni mala fe».

El tribunal entiende que los responsables del ente foral siguieron las directrices de su gabinete jurídico, «por lo que no se aprecia en absoluto que fueran conscientes» de que su actuación «fuera injusta y arbitraria». Tras conocer el fallo absolutorio, la diputada de Infraestructuras Viarias mostró su satisfacción, porque se «cierran las puertas a cualquier otro recurso» y se «termina con este ataque» que el CNTC e Hiru «han realizado» contra su «persona». Asimismo, recuerda que tal y como aprobó el Consejo de Gobierno foral, la Diputación y Bidegi «no han hecho otra cosa que cumplir escrupulosamente con la obligación que les impone la legalidad vigente, y en particular, con la relativa a la ejecución de las sentencias del orden jurisdiccional contencioso administrativo».

El tribunal de la Audiencia de Gipuzkoa, presidido por el magistrado Augusto Maeso Ventureira, ha ratificado así la sentencia que, el pasado 10 de diciembre, dictó el juez Enrique Rodríguez Trigueros, quien rechazó las querellas presentadas seis meses antes por el CNTC y el sindicato Hiru. Ambos organismos habían formulado sendas denuncias contra Oiarbide y Bidegi por haber mantenido el cobro del peaje en la N-I y la A-15 después de que el Tribunal Supremo anulara las dos normas forales que amparaban el canon a los camiones que circularan por estas vías, la última en mayo.

Sin embargo, el juez decidió entonces el sobreseimiento de la causa al «no apreciar en el fundamento de las denuncias hechos constitutivos de infracción penal» ya que, cuando se presentaron, el último fallo del Supremo aún no era firme. Así, la suspensión del cobro no se hizo efectiva hasta septiembre, una vez que la sentencia fue publicada en el BOG. Este hecho generó más de 1.100 reclamaciones de camioneros autónomos y empresas de transporte que solicitan la devolución del dinero abonado entre enero de 2018 y octubre de 2021 a cuenta del peaje vigente en ese periodo en tres tramos de la N-I y la A-15. Según confirmó el pasado junio la Diputación, la cuantía reclamada asciende a 12.212.719,95 euros.

Pese a las distintas sentencias que tumbaron el canon al transporte, Infraestructuras Viarias reaccionó con una tercera norma foral para extender en 2023 el cobro a camiones en todos los trayectos con entradas y salidas en la N-1 y la A-15, con el fin de evitar la discriminación indirecta que habían observado los tribunales.

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