Arriola insta a las diputaciones a revisar la fiscalidad para controlar los alquileres

«Esperamos que las diputaciones recojan el guante y lo lleven a la próxima revisión del sistema fiscal», en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria, donde además plantea reflexionar sobre la cuantía y la «propia existencia» de deducciones de IRPF por compra de vivienda, teniendo en cuenta diferentes colectivos como jóvenes o familias numerosas. Este eje de actuación depende a su vez de la futura ley estatal de Vivienda, que Arriola confía en que otorgue la «seguridad jurídica» suficiente para acometer esta intervención en el mercado.

Arriola puso uno de los focos en la fiscalidad dentro de la guía que marcará las políticas de su departamento en los próximos dos años con el objetivo de «intensificar» la promoción de vivienda de alquiler e incrementar el parque en 3.000 pisos a final de legislatura, hasta llegar a los 29.300. Y llegar así a que el 40% de las VPO en Euskadi sean de alquiler. En este sentido, Arriola avanzó la previsión de construir 4.000 nuevas VPO y llegar a 8.500 viviendas captadas en los programas Bizigune y Asap, de vivienda deshabitada.

En este sentido, presentó un nuevo programa, Alokairu, pensado para que inversores privados cedan sus viviendas al Gobierno Vasco para su alquiler, hasta 75 años.

Los destinatarios del mercado del alquiler son prioritariamente los solicitantes de Etxebide con menos ingresos, más de la mitad con menos de 15.000 euros al año. Pero a ellos se suman los que cuentan con rentas entre 21.000 y 39.000 euros que tienen también «difícil» acceder al mercado libre y para los que Vivienda va a aprobar una nueva normativa de alquileres asequibles.

El plan director, dotado con 1.237,6 millones de euros, prevé también «avanzar» en el derecho subjetivo de vivienda, que amplía a 275 euros la prestación máxima para los beneficiarios que no puedan acceder de momento a un piso, y concluir el traspaso anunciado también hace años de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) al Departamento de Arriola. El consejero aseguró que la «integración» supone un «gran reto de gestión» para el que se formará un equipo técnico con profesionales de Vivienda y de Lanbide para garantizar el traspaso en la gestión de estas ayudas.

Arriola puso otro de los focos en el colectivo de jóvenes que seguirán siendo prioritarios a la hora de acceder a una vivienda. Mediante el programa Gaztelagun se prevé llegar a 4.500 jóvenes a final de legislatura. En 2022, el plan se convierte en estructural, sin plazos de tres años, y aumenta la ayuda hasta 275 euros.

La otra gran apuesta del plan director es la rehabilitación, donde se dará «un salto cuantitativo y cualitativo». En cuanto al primero, contempla, gracias a los fondos Next Generation, llegar a 71.200 viviendas beneficiarias de ayudas a la rehabilitación, con la colocación por ejemplo de 2.400 ascensores. Y en cuanto al segundo parámetro, Arriola aseguró que se han «agrupado y unificado» los programas para facilitar el acceso a ellos. Arriola planteó también que el plan director estudiará el sistema de incentivos fiscales como variable para promover la rehabilitación de las viviendas. Especialmente, si van a ser destinadas al alquiler en programas públicos.