El Ararteko apercibe a Donostia, Anoeta y Hondarribia por su falta de colaboración

Lezertua manifestó su «preocupación» por la falta de respuesta de algunas administraciones vascas ante las actuaciones del Defensor del Pueblo y anunció la posibilidad de acudir a la Fiscalía para presentar denuncias por incumplimientos. Destacó, tal y como adelantó en una entrevista publicada el lunes en este periódico, que se ha encontrado con que «la flexibilización» de las condiciones que habían mantenido a la hora de tratar las quejas durante la pandemia «se ha vuelto contra la eficacia de la institución».

Los apercibimientos, que se dirigen directamente a los alcaldes de las localidades afectadas, han sido atendidos en los casos de Hondarribia y Anoeta, pero aún aparecen como 'pendientes' en el caso de Donostia. Los dos apercibimientos dirigidos al Ayuntamiento de San Sebastián se basan en la falta de respuesta a una denuncia urbanística y en un silencio administrativo, aunque el informe no da más detalles. Por su parte, Hondarribia recibió dos apercibimientos por el aparcamiento de vehículos en zona de residentes en la parte vieja de la localidad y por un silencio administrativo; el de Anoeta era por la exigencia de que la unidad familiar de un participante en los udalekus esté al día de sus obligaciones tributarias.

En el balance del año también queda constancia de las instituciones que han colaborado pero que han necesitado de un requerimiento para hacerlo. En el caso de la Diputación de Gipuzkoa, el departamento de Políticas Sociales necesitó un aviso en el 55,56% de los expedientes que se le solicitaron. Gobernanza y Movilidad y Ordenación del Territorio tuvieron que hacerlo en el 33,33% de los casos. En cuanto a los municipios Hernani, Deba, Mutriku, Hondarribia, Bidania-Goiatz y Zerain, recibieron requerimientos en el 100% de los casos.

No todo son tirones de orejas en el resumen anual de las actuaciones del pasado año del Ararteko. El departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Gipuzkoa colaboró de manera diligente, al igual que hicieron los consistorios de Zarautz, Urnieta, Errenteria, Beasain o Andoain.

Con esos datos, Lezertua señaló que esta situación «no es agradable para el Ararteko porque debemos privilegiar el diálogo, la comunicación, la explicación de la actividad de la institución». A su vez, incidió en que «cuando no se contesta al Ararteko, no sólo se impide el trabajo de la institución de origen parlamentario», sino que «al final, el perjudicado es el ciudadano». Por ello, indicó que han tenido que recurrir «a estos métodos y estimular la reflexión sobre la necesidad de cumplir lo que dicta la ley en estos ámbitos».

También informó de que están celebrando entrevistas con algunos de los ayuntamientos con mayor número de recordatorios, y se va a reunir próximamente con la fiscal superior del País Vasco, a la que le planteará esta situación. «Confío en que las medidas que hemos tomado sean suficientes».

El informe anual de 2022 recoge que desde la oficina del Defensor del Pueblo se han llevado a cabo un total de 12.704 actuaciones (cifra ligeramente superior al año anterior), de las que 7.504 corresponden a quejas y consultas y 21 a expedientes de oficio. Por áreas, destacan las correspondientes a la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y Seguridad.

En función del área temática a la que se refieren las quejas, el informe señala que han disminuido «ligeramente» las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social. En concreto, 458 frente a las 508 de 2021. Cerca del 46% de los expedientes de queja tramitados tienen relación con derechos sociales (salud, inclusión social, vivienda, educación).

Se han realizado un total de 9.653 servicios en las oficinas de atención directa. De ellos, 4.664 han sido las quejas y consultas presentadas presencialmente en alguna de las tres oficinas, y 4.989 han consistido en asesoramiento e información a través del servicio telefónico.

Durante el año 2022, se han resuelto 2.328 expedientes de queja y se han dictado 1.355 resoluciones. En el resto de los casos, se trata de inadmisiones sobrevenidas -duplicidad con otros defensores, cuestiones pendientes de resolución judicial o con sentencia firme, inicio de vía judicial...-.

La duración media de los procedimientos de queja ha sido de 66 días. En los expedientes de queja, en cerca del 47% existía alguna actuación «incorrecta de la administración afectada», un porcentaje algo superior al del año anterior (45%).