Alertan de llamadas que suplantan al servicio vasco de teleasistencia
El Gobierno Vasco recomienda verificar la identidad de las personas interlocutoras y recuerda que betiON «no es obligatorio»
El servicio vasco de teleasistencia betiON ha detectado que se están realizando «llamadas telefónicas fraudulentas» en las que se busca suplantar a betiON y se afirma que el servicio es «obligatorio» a partir de los 65 años para conseguir los datos bancarios. El Gobierno Vasco alerta de estos fraudes y recuerda que el servicio de teleasistencia público «en ningún caso es obligatorio y que está dirigido a unos perfiles concretos». El fin último de estas llamadas podría ser conseguir los datos bancarios de las personas, un caso de fraude conocido como 'vishing', esto es, un ataque que usa la voz para engañar a las personas para obtener información delicada, aseguran desde el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
Si alguna persona no usuaria tiene dudas sobre el origen de la llamada que recibe, la recomendación es cortar la interlocución y telefonear a la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco en el número 945 016 364 o 945 016 362.
Tras detectarse este nuevo riesgo, desde betiON han reforzado estos días los mensajes que habitualmente dirige a sus personas usuarias por teléfono para dar consejos sobre la prevención de robos, estafas y timos. «El mensaje más claro que les ofrecemos es que, en caso de duda, si sospechan que quien les llama no somos nosotros, aprieten el botón rojo para certificar si somos o no los emisores de la llamada», insiste Iñigo Mijangos, responsable del servicio vasco de teleasistencia, que en este momento tiene más de 76.000 usuarios. Tres de cada cuatro son mujeres.
Así, el perfil medio de la persona usuaria es el de una mujer, de más de 80 años, que vive sola. Las personas mayores de 80 años suponen cerca del 80% de las usuarias del servicio, y la edad media de estas es de 84 años. A fin de cuentas, betiON está dirigido a mayores de 75 años que vivan solos; mayores de 65 años en situación o riesgo de dependencia; personas con discapacidad intelectual, física, sensorial o que padezcan una enfermedad mental, en situación de dependencia; y otras personas que estén en situaciones de riesgo o aislamiento social.