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El Aita Mari, amarrado en un puerto valenciano. Asier Aldea

El Aita Mari queda exento de pagar tasas portuarias

Solidaridad. ·

El barco de rescate humanitario, cuyo recurso es estimado por la Generalitat Valenciana, litigará ahora para que se le devuelvan los 80.000 euros abonados

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 25 de julio 2025

La Asociación Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), operadora del barco de rescate marítimo Aita Mari, ha conseguido que la Generalitat Valenciana estime parcialmente el recurso presentado ... el pasado otoño para que la ONG no tenga que pagar tasas portuarias cuando vuelve de sus misiones. Se da la circunstancia de que ya ha tenido que abonar 80.000 euros de manera retroactiva por las estancias portuarias entre 2021 y 2023, y que le siguen llegando facturas de 2.000 euros en concepto de recargo por demora. Sin embargo, la última resolución del Gobierno valenciano, con fecha de 18 de julio, reconoce que la embarcación guipuzcoana no está obligada a pagar tasas portuarias por su carácter humanitario y sin ánimo de lucro, por lo que Aita Mari litigará para que se le devuelva el dinero abonado. La abogada Mónica Oltra se encargará de lidiar en el pleito y fuentes del proyecto de salvamento señalan que «se trata de una cantidad económica muy notable, que puede llegar a fastidiar una misión entera».

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El Aita Mari se dedica a rescatar personas refugiadas que se lanzan al mar Mediterráneo huyendo de las guerras, el hambre y la miseria, una vocación que le debió eximir de pagar tasas, según sus gestores. Explican que no deben pagar aquellas «embarcaciones de la Cruz Roja española dedicada a labores propias que tienen encomendadas esta institución, y otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidad de funcionamiento deberán situarse en el dominio publico portuario, previa comunicación a la administración portuaria».

Sin embargo, denuncian que el actual Gobierno valenciano, a diferencia del anterior y por presión de Vox, «incumplió la legislación» y les obligó a pagar tasas por valor de 80.000 euros por encontrar en los puertos de Burriana y Vinaròs, de la Generalitat Valenciana, un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento necesario para su funcionamiento.

Los gestores del Aita Mari interpusieron en septiembre un recurso para esquivar el pago y al no recibir respuesta contrataron a la abogada Monica Oltra, quien fuera consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana entre 2015 y 2022 por el partido Compromís. Hace una semana recibieron la notificación de la estimación del recurso, aceptando muchos de los conceptos por los que se alega quedan exentos del pago de tasas, aunque no todos. No obstante, consideran en la misión humanitaria que este fallo abre la puerta a la devolución de buena parte del importe ya abonado, lo que se podría traducir en una inyección económica importante para el proyecto de rescate.

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