Un juzgado rechaza las querellas de los transportistas contra la diputada foral Aintzane Oiarbide

La Justicia ha rechazado las querellas que los transportistas (Hiru y Fenadismer) presentaron en junio contra Aintzane Oiarbide, diputada foral de Infraestructuras Viarias, y Bidegi por mantener el cobro del peaje en la N-I después de que el Tribunal Supremo anulara en mayo la norma foral que amparaba el canon que se cobra a los camiones que circulan por esta vía.

Enrique Rodríguez Trigueros, magistrado del juzgado de Instrucción numero 1 de Donostia, dicta en un fallo del pasado día 10, al que ha tenido acceso DV, el sobreseimiento de esta causa «al no apreciar en el fundamento de las denuncias hechos constitutivos de infracción penal».

El procedimiento se inició en junio a raíz de una denuncia interpuesta por parte del sindicato Hiru y de la querella del Comité del Transporte por Carretera contra Oiarbide por «delitos de prevaricación de funcionario público, desobediencia grave y fraude y exacción ilegal». El argumento principal de los denunciantes estribaba en que desde el dictamen del Alto Tribunal no existía normativa que amparara seguir cobrando en esa carretera, mientras que el juez subraya que «no existen indicios de la comisión de ilícitos penales alegados en la medida en que en la fecha de presentación de la denuncia y la querella, la sentencia que anulaba la orden foral que amparaba el cobro del canon aún no era firme».

Una vez publicado el fallo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, trámite que convierte en firme el fallo del Supremo y, por consiguiente, que supuso la suspensión de la norma foral, el juez constata que «no consta con posterioridad a dicha publicación que se hubiera continuado exigiendo el pago del canon». Por todo ello, el juez acuerda el sobreseimiento libre de la causa y pide que, una vez que sea firme la resolución, se archiven las actuaciones. Contra esta decisión judicial cabe interponer recurso de apelación en un plazo de cinco días desde su notificación.

Oiarbide ha mostrado su alegría ante la resolución y ha declarado que siempre ha tenido el convencimiento de hacer las cosas bien. «En ningún momento me he sentido culpable. Hemos trabajado mucho con el tema de los peajes, y siempre siguiendo las directivas europeas. Desde el principio me ha parecido una injusticia que se haya puesto una querella criminal contra una persona, en este caso contra mí. Es una gran noticia, una alegría para mí y para todos los que me rodean, y sobre todo, para mi familia».

La diputada de Infraestructuras Viarias ha rechazado la forma en la que los transportistas denunciantes han decidido llevar a cabo su oposición a la implantación de un peaje en Gipuzkoa. «La crítica y el desacuerdo son legítimos, pero no todo vale. Los transportistas de Hiru y del Comité Nacional de Transporte han optado por el ataque personal con la intención de causar un daño personal irreparable, tanto a la Diputada como a su entorno, utilizando para ello acusaciones injustas, infundadas y totalmente desproporcionadas».

Las Juntas Generales de Gipuzkoa dieron el pasado día 2 el visto bueno definitivo a la norma foral que regulará el nuevo peaje para camiones de la N-I y la A-15, que entrará en vigor previsiblemente a comienzos de 2023 y hará de pago todo el trazado de ambas carreteras por el territorio para evitar la discriminación indirecta que han observado los tribunales, que han anulado los dos cánones anteriores, vigentes entre 2018 y octubre pasado.

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