353 vascos tienen cinco o más pisos en alquiler, el doble que hace un lustro

Asimismo, Euskadi cuenta también con 10 entidades públicas consideradas grandes propietarias (Gobierno Vasco, ayuntamientos, Alokabide, Etxegintza...) que controlan 10.872 viviendas en alquiler.

Los datos se extraen de una respuesta parlamentaria que el consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE), trasladó ayer para atender una pregunta de EH Bildu sobre el número de propietarios con cinco o más viviendas arrendadas en Euskadi. Para elaborar su respuesta se han tenido en cuenta las fianzas que se depositan en el Gobierno Vasco al formalizar un contrato de alquiler, un análisis «parcial», según expone el documento, ya que se desconoce el número total de viviendas en propiedad de las que disponen las personas físicas o jurídicas cuando no son entidades públicas –la información catastral es competencia de las diputaciones–.

Sea como fuere, según los datos sobre los arrendadores que se obtienen de esas fianzas, en Euskadi hay un total de 363 personas, empresas y entidades con 5 o más viviendas en alquiler que controlan un total de 15.133 inmuebles, de los que 10.872 corresponden a 10 entidades públicas; 2.957 viviendas a 182 personas jurídicas privadas y otras 1.304 a 171 personas físicas.

A tenor de estos datos, son los grandes tenedores públicos los que operan el mayor número de viviendas en alquiler de Euskadi, casi tres de cada cuatro fianzas registradas. El Gobierno Vasco es uno de los grandes tenedores públicos, con 3.490 viviendas en alquiler, seguido de Viviendas municipales de Bilbao (3.380), Alokabide (3.003) y Donostiako Etxegintza (856).

Según los datos facilitados, de los 182 multipropietarios privados vascos, la promotora alavesa Vitalquiler es la que agrupa el mayor número de viviendas (406), seguida de Benta Berri UTE (168), inmobiliaria Vascongada (165), Lazora (157) y Obra Social La Caixa (154).

Por otro lado, 1.304 pisos están bajo la gestión de 171 personas físicas que poseen cinco o más inmuebles y que tienen la fianza depositada en el registro vasco. Gipuzkoa concentra uno de cada tres pisos y como era de esperar, San Sebastián aglutina el mayor porcentaje de 'grandes tenedores' privados en el territorio. En concreto, se contabilizan 130 pisos, el 32% del total de Gipuzkoa. El resto se concentran en Ordizia, Pasaia, Beasain, Irun y Errenteria. Estos dos últimos municipios, junto con Lasarte-Oria y Zumaia ya han sido declarados como zonas de mercado residencial tensionado. También Donostia está cerca de serlo, a la espera de la publicación definitiva en el BOE, que se producirá también este mes. Por su parte, Astigarraga, Lezo y Usurbil se encuentran en fases avanzadas de tramitación para ser declarados tensionados.

Hace una década, cuando se puso en marcha la obligación legal de registrar las fianzas, el número de arrendadores que contaban con cinco o más viviendas en alquiler era muy residual, un total de 15, un escenario bastante alejado del actual, donde la cifra se ha multiplicado por 20 y alcanza a los 353 arrendadores que tienen en sus manos más de 4.000 viviendas. Si se tienen en cuenta a las administraciones públicas, la cifra alcanza los 363 arrendadores y 15.133 inmuebles.

Comparándolo con la cifra total de viviendas de alquiler en Euskadi, según el depósito de fianzas del Gobierno Vasco que en 2024 ascendía a las 84.094, los grandes propietarios gestionan el 17,9% del parque. Ahora bien, descontando el sector público, los pisos en poder de grandes propietarios privados (personas físicas y jurídicas privadas) representan el 5% del total de las viviendas en alquiler existentes en la Comunidad Autónoma Vasca. Por todo ello, a pesar del incremento continuado del número de multipropietarios en los últimos diez años, en el parque de viviendas de alquiler en Euskadi este perfil es bastante limitado.

Uno de los conceptos nuevos que se ha extendido con la ley estatal de Vivienda de 2023 es el de los 'grandes tenedores', aquellas personas físicas o jurídicas que tienen en propiedad diez o más viviendas en una misma área. Esa cifra baja a cinco o más viviendas en caso de que la zona en la que se ubican esas casas sea declarada zona residencial tensionada. Para estos 'grandes tenedores', la norma prevé más controles para la renta pactada al inicio de cada contrato de alquiler, en las actualizaciones anuales de la renta y en las prórrogas obligatorias en caso de que los inquilinos sean personas vulnerables.

En este sentido, Gipuzkoa está un poco más cerca de contar con un índice de precios de referencia para el alquiler que le permita desplegar algunos de los topes a las rentas que prevé la ley estatal de Vivienda. Tras meses de espera, el Ministerio de Vivienda ya ha recibido los datos necesarios para elaborar este índice, lo que supone un paso determinante en la aplicación efectiva de las medidas previstas, a la espera de que se coteje e incorporen los datos al índice de precios estatal.