Los largos tentáculos de Púnica

El exconsejero Francisco Granados, comparece ante el juez por videoconferencia desde la cárcel de Estremera./
El exconsejero Francisco Granados, comparece ante el juez por videoconferencia desde la cárcel de Estremera.

La "gigantesca" red de tráfico de influencias salpica a administraciones del PP en Madrid, Murcia, Valencia y León

MATEO BALÍN MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga en 12 piezas separadas una gigantesca red de tráfico de influencias que afecta a administraciones locales y regionales de Madrid, Valencia, Murcia y León desde 1999 hasta 2009. La derivada madrileña hizo que la expresidenta regional del PP Esperanza Aguirre abandonara su cargo en febrero pasado. Al igual que en el caso Gürtel, su etapa como lideresa en la Comunidad de Madrid ha quedado ensombrecida por la red liderada por el que fuera su número dos Francisco Granados, en prisión preventiva desde su detención en octubre de 2014.

Caso Púnica

- Fecha de inicio del procedimiento: Junio de 2014.
- Número de imputados: 92.
Causas : Blanqueo de capitales y tráfico de influencias
- Partido al que pertenecen: PP.

Se ha levantado el secreto sobre la mayor parte del sumario y los daños colaterales, de momento, ya alcanzan al actual Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y al Gobierno de Cristina Cifuentes, sustituta de Aguirre y política de plena confianza de Rajoy. Al menos tres parlamentarios y un consejero se han visto salpicados. Todo ello con un ejecutivo regional gobernando en minoría con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, el cataclismo político podría llegar en la pieza de Púnica que aún sigue secreta. Se trata de la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. Se investiga al que fuera tesorero regional Beltrán Gutiérrez y a un consejero de la constructora OHL, Javier López Madrid, yerno del presidente del grupo Juan Miguel Villar Mir. Del avance de las pesquisas de esta causa podría estallar un bombazo en cualquier momento y el temor en Génova 13 no es menor.

Asimismo, las últimas revelaciones han dejado en la picota al Gobierno de Murcia. Su presidente, el popular Pedro Antonio Sánchez, aparece señalado en un informe de la Guardia Civil. Le acusan de supuesto fraude en la contratación pública. Una empresa de Púnica negoció con una senadora murciana hacer servicios para mejorar la reputación en internet de Sánchez a cambio de pagar 32.200 euros que iban a ser abonados con dinero público. El contrato no se ejecutó porque la operación estalló días después, a finales de octubre de 2014. Detrás de estos hechos aparece una encarnizada batalla para ser el candidato del PP a la presidencia de Murcia. En liza el propio Sánchez, entonces consejero de Educación, y su compañero Juan Carlos Ruiz, investigado en la causa por recibir los citados trabajos de reputación personal.

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