Luces y sombras de la legislatura vasca

En el balance general de la legislatura, el Ejecutivo de coalición de jeltzales y socialistas ha aportado estabilidad política a Euskadi, sobre todo si se compara con la vorágine en la que está instalada desde hace años Cataluña, una moderación que se ha visto acompañada por una etapa de bonanza económica.

Una coalición pacífica. El Gobierno de coalición de PNV y PSE nació con el contratiempo de que la suma de ambos partidos se quedaba a un escaño de la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que ha limitado la capacidad de acción de un gabinete que ha sudado tinta para amarrar cada apoyo de la oposición. La mejor muestra de ello es que Urkullu solo ha sido capaz de aprobar en la Cámara diez proyectos de ley de la treintena que incluía su programa legislativo. De puertas para dentro, sin embargo, la coalición entre jeltzales y socialistas ha funcionado sin apenas tensiones. Ambos partidos dejaron fuera de su pacto cuestiones espinosas como la convivencia y el futuro del autogobierno, lo que ha blindado al Ejecutivo de sufrir encontronazos en temas como la reforma estatutaria, la unidad didáctica sobre la violencia 'Herenegun!' o las propuestas sobre política penitenciaria. Las diferencias políticas se han dejado para los partidos, mientras que los Consejos de Gobierno se han convertido en una balsa de aceite.

Contraste con Cataluña. La principal razón por la que la coalición entre PNV y PSE ha convivido sin problemas ha sido el firme propósito del lehendakari Urkullu de marcar distancias con la efervescencia de Cataluña, donde el procés ha arrasado casi todos los debates políticos e incluso ha afectado a la gestión cotidiana de la Generalitat. Urkullu -que ha protagonizado un nuevo gesto de distanciamiento con Cataluña al adelantar las elecciones a abril para evitar una hipotética coincidencia con los planes de Quim Torra- ha renegado de la vía unilateral emprendida hace años por el secesionismo catalán y ha recalcado su apuesta por un «acuerdo entre vascos» que, posteriormente, pueda ser negociado y pactado con el Estado español. Una música que no ha forzado las cuadernas del Gobierno de coalición.

Versatilidad presupuestaria. La oposición no ha permitido demasiadas alegrías parlamentarias al Gobierno, pero Urkullu ha vuelto a demostrar habilidad para sacar adelante la principal ley de cada curso político: los Presupuestos. A excepción de las cuentas de 2019, que tuvo que retirar tras una larga negociación con EH Bildu que no fructificó, el lehendakari ha mostrado versatilidad para abrir la negociación a todos los grupos de la Cámara. Los dos primeros Presupuestos los sacó adelante gracias al apoyo del PP -cuando el PNV era un sostén del Gobierno de Rajoy en Madrid- y las últimas cuentas de la legislatura las aprobó en diciembre con la abstención de Elkarrekin Podemos. Ello le ha permitido decretar un adelanto electoral sin el baldón de haber prorrogado dos Presupuestos consecutivos.

Un Cupo renovado. El contexto económico global en el que se ha movido la legislatura vasca ha sido positivo, lo que ha permitido al Gobierno de Urkullu marcar una senda de crecimiento económico, reducir el desempleo por debajo del 10% y limitar la emisión de deuda pública. Además, el entendimiento del PNV con el Gobierno de Rajoy antes de la moción de censura de 2018 permitió el hito de la renovación de los acuerdos del Concierto Económico y el Cupo, con un cálculo favorable para las arcas vascas.

Nuevas transferencias. La llegada de Sánchez a la Moncloa permitió desbloquear las transferencias pendientes después de siete años de sequía. De aquí al 5 de abril, Urkullu aún confía en cerrar varios traspasos más, además de un cronograma que incluya Prisiones y la Seguridad Social.

El lehendakari Urkullu siempre destaca la capacidad de gestión de su Ejecutivo, por lo que cualquier mácula que aparece en su expediente le incomoda sobremanera. La legislatura que termina ha contado con algunos episodios que al Gobierno Vasco le hubiera gustado evitar, pero que Urkullu ha tenido que capear una vez que han estallado. Eso sí, hasta el momento, ninguno de ellos ha conseguido ensombrecer su imagen de gobernante fiable, lo que le sitúa como el gran favorito para seguir en Ajuria Enea la próxima legislatura tras los comicios del 5-A.

Zaldibar, último episodio. Cuando Urkullu ya tenía prácticamente decidido el adelanto electoral la semana pasada, un vertedero de residuos industriales situado en Zaldibar colapsó, provocó la desaparición de dos trabajadores bajo los escombros y generó una polvareda política que aún está muy lejos de disolverse. El lehendakari no cambió sus planes y siguió adelante con la convocatoria electoral, un clima que potenciará las críticas de la oposición sobre una crisis que amenaza con emponzoñar la precampaña. Urkullu realizó ayer una visita discreta al vertedero, pero la oposición le recrimina que haya tardado casi una semana en acudir al lugar del accidente. El lehendakari comparecerá a principios de la semana que viene en el Parlamento para dar explicaciones.

Darpón, una salida dolorosa. Urkullu es un amante de la estabilidad de los gobiernos y un férreo defensor de sus colaboradores más cercanos, por lo que el trago más amargo que ha pasado esta legislatura es la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, a causa del escándalo de las OPE de Osakidetza. La cercanía de las elecciones forales y municipales de mayo y la presión de la oposición con este asunto, con la reprobación del consejero y la amenaza de una censura, llevaron a Darpón a apartarse en marzo. Urkullu había completado los dos primeros años de la legislatura sin sobresaltos, apoyado sobre todo en la cobertura que le daba el PP en el Parlamento, pero el respaldo del PNV a la moción de censura contra Rajoy rompió ese equilibrio y el Gobierno Vasco empezó a pagar las consecuencias. La primera fue la retirada del proyecto de Presupuestos de 2019 y, a los pocos meses, llegó la abrupta salida de Darpón del Ejecutivo.

Sobrecoste en los comedores. El fraude en los comedores escolares es un asunto que trasciende a esta legislatura -como ocurre en gran medida con los exámenes fraudulentos de la OPE de Osakidetza-, pero la comisión de investigación del Parlamento Vasco emitió sus conclusiones el pasado octubre y volvió a visualizar la minoría parlamentaria de PNV y PSE, ya que el dictamen final fue contundente contra la labor del Ejecutivo vasco entre 2003 y 2017, una etapa en la que todos los gabinetes estuvieron encabezados por jeltzales y socialistas. La investigación parlamentaria señaló a cuatro consejeros -entre ellos, la actual titular de Educación, Cristina Uriarte- por su «inacción» para frenar un fraude que provocó un sobrecoste de entre 70 y 80 millones a las cuentas públicas.

Escaso bagaje legislativo. El Gobierno de coalición de PNV y PSE presentó al comienzo de la legislatura un programa legislativo con una treintena de proyectos de ley. Tres años y medio después, solo ha conseguido aprobar diez leyes en el Parlamento, por lo que el bagaje es escaso. Urkullu ha acusado a la oposición de bloquear muchas iniciativas, mientras que los grupos critican al Gobierno su incapacidad para acordar. Si hay una razón por la que a Urkullu quiere tener mayoría absoluta la próxima legislatura es para tener «más agilidad parlamentaria».

Presuntas irregularidades. El Gobierno de Urkullu termina la legislatura sin que nadie pueda achacarle ningún caso de corrupción, pero la reciente sentencia del caso De Miguel, que condenó a penas de cárcel a tres exdirigentes del PNV alavés, y las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de algunos contratos del Instituto Gogora, dependiente de Lehendakaritza, han provocado los envites de la oposición al lehendakari.

El nuevo estatus, en el aire. Esta legislatura tampoco ha sido decisiva para que Euskadi impulse una reforma estatutaria. Urkullu confía en que el trabajo realizado por el grupo de expertos sirva como base para un acuerdo «amplio» la próxima legislatura.