El Gobierno avisa de que estará «vigilante a los discursos de odio» tras las trabas a las celebraciones musulmanas en Murcia

La reciente aprobación en el Ayuntamiento de Jumilla de una moción que prohíbe actividades ajenas al deporte en sus instalaciones ha encendido las alarmas del Gobierno central y diversas carteras ministeriales, quienes la tachan de «racista» e «inconstitucional». La medida, fruto de un acuerdo entre PP y Vox, se percibe no solo como un ataque directo a la libertad religiosa, sino también como un potencial foco de desinformación y un catalizador para discursos de odio contra comunidades específicas.

La decisión municipal se produce en un contexto donde, en el pasado, las instalaciones deportivas de Jumilla han albergado celebraciones musulmanas, como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero. Aunque los populares insisten en que la medida no se refiere a ninguna confesión concreta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y otros organismos señalan que la moción impulsada por Vox y apoyada por el PP tenía en su diana prohibir precisamente estas celebraciones religiosas y culturales de la población musulmana, que representa cerca del 7% en la localidad.

El Gobierno ha sido contundente en su condena. Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han recordado que «en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución», específicamente en su artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades. Además, subrayan que «la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha expresado su «condena de cualquier iniciativa discriminatoria», reafirmando su compromiso con «una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia». La ministra Elma Saiz ha ido más allá, acusando a PP y Vox de «utilizar» pequeñas localidades como «laboratorios» para un «país cerrado, un país pobre» y señalando que su discurso migratorio se ha «fusionado». Saiz advierte que estos pactos «intentan dar retrocesos en derechos» y se hacen de forma «sibilina, con acciones que parecen inofensivas» como fomentar el deporte, pero que lo que buscan es «intentar inocular e intentar prácticamente un éxodo».

La preocupación por la propagación de discursos de odio es palpable. La directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Micaela Carrillo, ha tildado la decisión de «racista» y «un ataque inconstitucional a la libertad religiosa y un claro acto de islamofobia institucional». Ha acusado a PP y Vox de «utilizar» el odio «como estrategia política», señalando, excluyendo y deshumanizando a las personas musulmanas, lo que considera «violencia» y una «guerra cultural contra los derechos fundamentales y contra nuestra democracia».

Ante este escenario, el Gobierno ha avisado que estará «vigilante a los discursos de odio que puedan surgir tras esta medida». A través del Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, se seguirá «muy de cerca los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que atentan contra la libertad y dignidad de las personas». Desde el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya se están monitorizando en tiempo real los mensajes en redes sociales, en un contexto de «preocupante» aumento de los discursos de odio, que tuvo un punto álgido con los sucesos de Torre Pacheco, donde «se alentó a la caza de inmigrantes».

Aunque por el momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pondrá en marcha ninguna acción para impedir la aplicación de la medida en Jumilla, Podemos ha anunciado que llevará este acuerdo municipal ante la Fiscalía.

Por su parte, el Partido Popular se ha defendido de las acusaciones, calificando de «absolutamente inaceptable que se pretenda presentar al PP como un partido xenófobo». El vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, ha intentado diferenciar la propuesta original de Vox de la finalmente aprobada por los conservadores, insistiendo en que el PP es «el partido constitucionalista que, por tanto, siempre va a poner en el centro de la vida las creencias individuales de cada uno, respetando lo que crea cada uno».

De los Santos y otros dirigentes populares, como Elías Bendodo, han asegurado que lo aprobado en Jumilla «no hay ninguna referencia a ninguna religión o rito», buscando sacudirse la responsabilidad de que la decisión vaya en contra de la comunidad islámica. Han llegado incluso a sugerir que detrás de esta polémica hay una «estrategia coordinada del PSOE y Vox para polarizar a los españoles», insistiendo en que «es falso que el PP vaya a señalar a nadie por su credo».

La tensión en Jumilla se convierte así en un campo de batalla sobre los derechos fundamentales y la convivencia, donde el Gobierno advierte de las consecuencias de la desinformación y los mensajes que pueden derivar en odio.

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