Nuevos recursos al TJUE paralizan cientos de demandas en Gipuzkoa por el IRPH

En torno a 30.000 vascos se vieron afectados en su día por esta problemática y ahora centenares de guipuzcoanos deberán esperar al próximo pronunciamiento del TJUE, que no se espera antes de que acabe 2021, ya que la titular del Juzgado de Primera Instancia nº8 de San Sebastián, el juzgado especializado en IRPH de todo el territorio guipuzcoano. también ha decidido suspender los procedimientos judiciales en curso. En juego, mucho dinero. Porque los afectados aducen que han abonado -sobre todo, a partir de 2013- un sobrecoste de entre 200 y 300 euros al mes en sus hipotecas.

El motivo de la nueva vuelta de tuerca a este embrollo judicial es el siguiente. Dos jueces de Barcelona e Ibiza han presentado a iniciativa de los abogados guipuzcoanos Maite Ortiz y José María Erauskin -los letrados que llevaron el IRPH a Europa en 2013- una nueva cuestión prejudicial ante la Corte de Luxemburgo después de que el alto tribunal español determinara que las hipotecas ligadas a este índice se comercializaron de forma opaca pero se negara a anular su vinculación a este índice.

El TJUE dictaminó el 3 de marzo de 2020 que el IRPH era válido, pero que serían los juzgados los que tendrían que estudiar caso por caso si hubo transparencia en la comercialización por parte de la banca de este tipo de créditos para la adquisición de una vivienda. Es decir, Europa avaló la legalidad y uso del índice, pero dejó en mano de los tribunales estatales dictaminar si las entidades habían ofrecido la suficiente información sobre dicho índice para que el cliente entendíera o no lo que estaba contratando. En la práctica, esa decisión abrió de facto la puerta a una avalancha de reclamaciones en los juzgados. Pero el pleno del Supremo enfrió en otoño las expectativas de los afectados al establecer en cuatro casos que las entidades habían incluido el IRPH en el contrato de una forma no del todo transparente, pero, pese a ello, se negó a declarar abusiva -y, por ende, nula- la cláusula, porque el hecho de que el índice se publica en el BOE avala la buena fe de los prestamistas.

Ese pronunciamiento del Supremo supuso un importante alivio para la banca, pues los analistas de Goldman Sachs calcularon que el coste de anulación retroactiva de la cláusula podría llegar a costar 44.000 millones de euros. Con todo, la nueva consulta al TJUE vuelve a dejar al sector bancario en vilo.

En síntesis, el titular del juzgado catalán pide ahora aclaraciones dadas las «diferentes interpretaciones» que el criterio comunitario ha generado en España, empezando por la del Supremo, precisa la abogada donostiarra Ortiz. En declaraciones a DV, asegura que cabe ser «optimista» ante el próximo pronunciamiento del TJUE y por eso recomienda a los afectados guipuzcoanos, que suscribieron en su día hipotecas ligadas al IRPH con entidades como Caixabank, Kutxabank, Caja Rural o Santander, que «esperen y no demanden ahora» hasta conocer el resultado de las nuevas consultas formuladas al Tribunal Europeo.

En la misma línea se manifiesta la letrada donostiarra Eva Cestafe, de Lete Abogados, quien asevera que la decisión del TS de paralizar todos los asuntos pendientes de resolución ligados al IRPH provoca «esperanza» entre los afectados, que ven que «la batalla no está perdida». Cestafe recuerda que el juez de Barcelona que ha presentado esta última cuestión fue precisamente «el que ya había elevado el caso de las IRPH a Luxemburgo en 2018» y valora positivamente que los procedimientos judiciales hayan quedado en suspenso.