Todos los parados vascos tendrán un plan de empleo antes de julio de 2025

Según ha destacado hoy la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, la nueva ley es pionera porque «por primera vez en España se va a poder exigir al servicio público de empleo un tratamiento personalizado, un traje a medida para encontrar un empleo o aspirar a uno mejor». El objetivo es tender un puente hacia un «trabajo digno».

Para cumplir con la nueva ley se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, que cuenta con 46 oficinas (una virtual) y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430. La transformación del organismo público se completa con la ya aprobada reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), con la que se pretende agilizar los trámites para liberar a parte del personal y especializarlo en la orientación laboral. En la actualidad la intermediación del servicio vasco de empleo es muy baja, de solo un 4%, y, además de elevar esta tasa, se busca una mayor eficacia en ajustar la formación de los parados a las necesidades del mercado.

Uno de los puntos importantes es que se instará a las empresas a publicar sus vacantes en una base de datos centralizada. No será obligatorio porque la ley estatal aprobada en febrero no lo contempla y, por tanto, no se puede implantar en Euskadi con ese carácter forzoso. Se aplicará, en consecuencia, el sistema francés, donde también es voluntario. Asimismo, las personas dispondrán de un único historial laboral, al igual que en Osakidetza existe un historial clínico.

Lanbide no estará sola en esta tarea sino que coordinará a las más de 300 entidades dedicadas a la colocación como ayuntamientos y diputaciones, evitando duplicidades. Todo este sistema pasa a denominarse la Red Vasca de Empleo. La ley contempla acciones en diferentes niveles; por ejemplo, que los municipios de más de 10.000 habitantes desarrollen planes de empleo, para los que existirá una financiación a cuatro años. «Los ayuntamientos van a tener un protagonismo más acusado y les garantizamos la participación y financiación para responder a las necesidades de los vecinos y las empresas del entorno», ha señalado Mendia.

Otro aspecto importante es que establece que todos las políticas públicas, ya sea la construcción de una carretera o cualquier otro proyecto, contemple su impacto en el empleo.