Serio revés para más de 30.000 interinos vascos por el rechazo del Supremo a convertirlos en fijos de forma automática

La Sala de lo Social considera que convertir automáticamente a los trabajadores públicos temporales en fijos, por muchos años que lleven en esta situación, es «incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente». El Supremo rechaza de forma categórica que este fuera el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando en la sentencia dictada el pasado 22 de febrero cargaba contra España por no poner remedio a la excesiva temporalidad pública, superior incluso al 30%, y sugería que, a falta de medidas adecuadas para prevenir y sancionar esta situación, una solución para corregirlo podría ser convertir esos contratos temporales en fijos.

De este fallo «no se deriva, en ningún caso, la necesidad de la conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en fijos», sostiene el Supremo. Y añade: «Tampoco se deriva de la indicada sentencia una radical igualdad entre el régimen jurídico de los trabajadores fijos y de los temporales (que asimila, de manera discutible, a los indefinidos no fijos)» porque la directiva europea «permite un trato diferente ente temporales y fijos por razones objetivas».

Lo paradójico de esta sentencia que rechaza convertir a los interinos en fijos sin oposición es que hace ni siquiera tres meses el Supremo admitió que tenía «importantes dudas» acerca del alcance que tiene el fallo del TJUE «en determinados aspectos» y anunció que iba a plantear una cuestión prejudicial a Europa para preguntarle cómo tiene que aplicarla ya que tiene «múltiples recursos» pendientes de resolución.

Los principales interrogantes del Alto Tribunal son acerca de cómo puede hacer compatible la doctrina por la citada sentencia con las normas relativas al acceso al empleo público (incluyendo a los nacionales de los Estados miembros), así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Aunque aún no ha planteado esta cuestión prejudicial a Europa, lo hará y esperará su veredicto de cómo actuar, pero lo que el Supremo parece que tiene claro –como así lo refleja esta sentencia- es lo que no tiene que hacer: convertirlos en indefinidos de forma automática.

Esta sentencia del TS supone un portazo para 19.800 trabajadores de Euskadi del ámbito público que llevan más de ocho años de forma interina o temporal, según datos aportados por ELA y que fueron dados a conocer por el Gobierno Vasco en el Parlamento. Y es que la central apunta que también afecta al pesonal laboral temporal. Si se tienen en cuenta aquellos que llevan más de tres años, la cifra ascendería a 29.740.

A día de hoy hay más de 77.000 temporales en el ámbito público vasco, lo que supone el 44% de toda la plantilla, «cifras récord», según apunta el sindicato ELA.