La regulación del teletrabajo que quiere la ministra choca con la CEOE

Estas son algunas de las medidas que contempla el anteproyecto de ley que ha elaborado el ministerio de Trabajo y que ayer comenzó el trámite de alegaciones. Un arranque que provocó un nuevo y serio encontronazo entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras conocerse parte del contenido por una filtración periodística. Mientras la primera reiteró la necesidad de la regulación, el segundo advirtió de que una norma demasiado rígida podría conllevar que los contratos se trasladen a Portugal o Brasil, por aquello de que un mundo digitalizado carece de fronteras.

La polémica se veía venir. Nadie duda de que la implantación del teletrabajo ha salvado miles de empresas y de empleos afectados por la crisis derivada de la pandemia. Pero no es menos cierto que la urgencia con la que se instaló ha provocado una desregulación en aspectos clave de la normativa laboral. Si como afirman todos los 'gurús' el trabajo a distancia «ha venido para quedarse», parece obligado que las partes concernidas acuerden el terreno de juego.

Y aquí es donde han surgido las fricciones. La ministra subrayó ayer en una entrevista concedida a una cadena de radio que se seguirán los criterios ya establecidos en el acuerdo europeo del trabajo a distancia donde «prácticamente todo está escrito». El objetivo es claro. Como ella misma señaló días atrás, «a las empresas no les puede salir gratis el teletrabajo». Dicho y hecho. El anteproyecto traslada a las compañías los gastos que ahora asumen los empleados, al tiempo que quiere evitar unas jornadas que se sabe cuándo comienzan, pero no cuándo acaban.

El contenido conocido ayer fue duramente criticado por el presidente de la CEOE. Antonio Garamendi advirtió al Gobierno de que tenga «cuidado», porque si los criterios son poco atractivos o rígidos, las empresas podrían verse obligadas a deslocalizar los puestos de trabajo. E incluso, en alusión a aspectos de la norma relacionados con la salud, ironizó: «No sería lógico que si un trabajador hace un huevo frito en casa y le salta el aceite sea un accidente laboral». El presidente de la CEOE añadió que con el teletrabajo «igual que ha habido gente que ha trabajado muchísimo, también permite que se trabaje menos». Por todo ello, pidió al Ejecutivo que no legisle con prisa y haga un planteamiento reposado y con tranquilidad.

Las declaraciones de Garamendi provocaron una rápida respuesta de Díaz, que las calificó de «desafortunadas». La ministra señaló que parece que el presidente de la CEOE «esté apelando al 'dumping' entre países», al tiempo que le recomendó que estudie bien el anteproyecto. «Estoy segura de que el presidente de la CEOE no quiere deslocalizaciones y cuando analicen el texto convendrán en que es una buena propuesta», aseguró Díaz.

Los sindicatos arroparon a la ministra. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, describió la situación con crudeza. «No se le escapa a nadie que un montón de personas, de un día para otro, se han tenido que meter en sus casas y trabajar a distancia confinados y esto es un desastre porque no está bien regulado».

En esta misma línea se manifestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien apuntó que la medida no debe limitarse a los gastos de material o de internet, sino también a los relacionados con las condiciones de salud necesarias para el trabajo desde casa.

A la vista de las proporciones que iba tomando el incendio la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, salió a la palestra para afirma que el Ejecutivo buscará el consenso con patronal y sindicatos. «Se están negociando borradores», indicó la portavoz para templar gaitas. Hay que tener en cuenta que la iniciativa parte de una ministra de Podemos y que su contenido salió ayer a la luz por una filtración y no como una comunicación oficial del Ejecutivo o del Ministerio.

Lo cierto es que la iniciativa ya ha provocado un fuerte rifirrafe, cuando todavía le queda por delante un largo proceso de concreción. Así, por ejemplo, en el apartado de los gastos no se detalla el mecanismo con el que deberán cuantificarse ni la forma de compensación.

El documento emplaza a fijar estas cuestiones en el marco de la negociación del convenio colectivo o mediante un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Ahora bien, el borrador de la normativa no deja lugar a dudas sobre quién debe asumirlos, sino que explicita que deberá ser sufragado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de gastos, directos o indirectos, relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados a su actividad laboral.

La ministra dio algunas pistas sobre las fórmulas a aplicar. Explicó que el modelo «al que vamos es sencillamente definir el puesto de trabajo y después que se repercutan los costes. Ahí puede haber varias formulaciones: hay países que optan por un tanto por ciento de la nómina; otros optan por dietas, y otros optan por la comprobación documental de los gastos», indicó. La ministra aseguró que se trata de un modelo «conservador», en el que empresarios y sindicatos «van a definir bien cómo debe abordarse esto en cada empresa».

Las medidas, en todo caso, no serán de aplicación inmediata. Ahora se abre un proceso de alegaciones hasta el 7 de julio. En paralelo se iniciará una negociación con los agentes implicados ante de ser aprobado en el Consejo de Ministros y de su posterior tramitación en el Congreso.