El PNV acusa al Gobierno central de «obstaculizar» la operación para mantener a Talgo en Euskadi
Denuncia las «modificaciones» introducidas por la SEPI para que el consorcio vasco acceda a la compra del 30% de la constructora alavesa de trenes
El Gobierno central de Pedro Sánchez, en plena crisis por la corrupción que ha salpicado al PSOE, empieza a ver cómo se quiebra más la ... confianza del PNV. Esta vez, además, por un tema colateral, el del futuro de la empresa alavesa Talgo. El PNV le ha exigido que deje de obstaculizar, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sus constantes «modificaciones», la operación de compra del 29,7% de Talgo por parte del consorcio de inversores vascos del que participa el Gobierno Vasco y que de la mano de la empresa vasca Sidenor aspiran a reflotar la firma.
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La formación jeltzale asegura que «lleva tiempo observando cómo el Ejecutivo central pone dificultades para que la empresa ferroviaria mantenga su arraigo en Euskadi, donde tiene una de sus plantas más importantes en Rivabellosa, en Araba, de la que viven 700 familias». Un asunto importante para la formación de Aitor Esteban.
El PNV, en colaboración con las entidades vascas lideradas por el Gobierno Vasco, ha estado trabajando para que Talgo, atendiendo a su capacidad industrial, pueda dar salida a una cartera de pedidos del entorno de 4.000 millones de euros y mantener el empleo en el territorio. Esta es una compañía estratégica para Euskadi, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario y tiene un gran futuro por delante, defienden los jeltzales.
Visiblemente molesta, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que «si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder».
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Cambio de condiciones
El Ejecutivo central, a través de la SEPI – dependiente a su vez del Ministerio de Hacienda-, se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras, recuerdan los peneuvistas. Posteriormente, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno Vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes.
El Ejecutivo liderado por Imanol Pradales reunió en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo. Sin embargo, la SEPI ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más, según denuncia Vaquero.
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«Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos. Hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido», concluye.
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