El pacto arancelario resquebraja el plan para recuperar el músculo industrial vasco

El texto que regirá las relaciones transatlánticas llega en el peor momento para Euskadi. Imanol Pradales ha situado la política industrial como eje central de su agenda. Pero el intento de reactivar un tejido productivo debilitado por la escasa inversión choca ahora con condicionantes externos letales. A los aranceles genéricos del 15% –que en el caso del acero y el aluminio se disparan hasta el 50%– se suma el compromiso de realizar compras masivas de energía. Dos medidas golpean sectores clave y amenazan con ralentizar la transición verde.

La cuestión es que la industria vasca lleva años acusando una desaceleración sostenida, lastrada por el enfriamiento económico de sus principales socios comerciales, Alemania y Francia. Y cuando París y Berlín se gripan, Euskadi estornuda. La previsión de crecimiento del PIB para el próximo ejercicio ya se había recortado de forma significativa antes incluso del regreso del líder republicano a la Casa Blanca: del 2,1% estimado para este año al 1,7% de 2026. Sin embargo, la oleada arancelaria ha obligado a revisar esta cifra una décima a la baja.

El panorama que se dibuja es el de una economía vasca en fase descendente, que empieza a alejarse de la resiliencia mostrada por una España sostenida por el empuje turístico, y se aproxima a una Europa estancada, sobre la que vuelve a proyectarse la sombra de la crisis. La eurozona apenas ha crecido un 0,1% en el segundo trimestre del año y Francia y Alemania ya advierten de la necesidad de ajustarse el cinturón porque se acabaron las políticas expansivas. Una línea de austeridad que contrasta con la estrategia del Gobierno de Pradales, decidido a agotar todo su margen financiero –incluso a recurrir al endeudamiento– para sacar adelante planes «históricos» de inversión público-privada.

Analistas como Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, ya advierten de los riesgos estructurales del acuerdo. Señala de que el nuevo marco comercial es «unidireccional» y supone añadir un arancel efectivo del 15% a productos que ya soportaban un 4,7%, como los farmacéuticos y los vehículos, que en conjunto representan un tercio de las exportaciones europeas a Estados Unidos. Aunque ambos sectores parecen quedar blindados frente a futuras subidas, el impacto sobre el crecimiento de la eurozona se calcula en dos décimas del PIB: una este año y otra el próximo. No obstante, De la Torre matiza que la desaparición de la incertidumbre podría reactivar inversiones.

El Ejecutivo autonómico, que ha calificado en público el acuerdo de «agridulce», admite en privado que se trata de una medida impuesta desde Washington. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, subrayó el martes que «cualquier barrera aduanera» resulta perjudicial para una economía como la vasca, que el pasado año exportó bienes por valor de 2.000 millones de euros a EE UU y cuyo 40% del PIB depende directamente del sector exterior.

El Gobierno Pradales confía en que la certeza sobre la barrera arancelaria aporte cierta estabilidad. Lakua se aferra a esta hipótesis, ya que la escasa demanda de los 450 millones en avales directos para pymes, incluidos en «escudo comercial» de 2.000 millones aprobado en abril, evidencia que las medidas no han logrado restaurar la confianza empresarial.

El impacto de los aranceles en sectores estratégicos impulsa al Gobierno Vasco a activar mesas sectoriales para definir nuevas líneas de apoyo. Esta vía sustituirá al Grupo para la Defensa Industrial como canal de coordinación con el mundo empresarial. El responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, subraya la necesidad de establecer «diagnósticos compartidos con la Administración» y habilitar nuevas ayudas, especialmente en un contexto donde «diversificar mercados» es clave. Es un mensaje similar al que lanzan las Cámaras de Comercio, que añaden que «no solo el sobrecoste va a impactar en la competitividad, sino que la mayor carga burocrática también reduce el margen neto».

Existe un consenso sobre la urgencia de adoptar medidas firmes que eviten la destrucción de empleo. La siderurgia ya ha recurrido de forma masiva a los ERTE ante el desplome de pedidos. Tubos Reunidos ha anunciado un expediente para los 850 trabajadores de su planta en Amurrio, mientras que Celsa mantiene otro en Nervacero y Laminaciones Arregui, que afecta a 500 empleados. A esta presión se suma el temor a una oleada de acero chino 'low cost', una amenaza que inquieta al clúster vasco del acero, Siderex.

Mientras los grandes fabricantes de automóviles confían en sortear la incertidumbre gracias a sus plantas en México –protegidas por un tratado de libre comercio–, la industria aeronáutica celebra la 'tasas cero'. Por su parte, el sector vinícola presiona a Bruselas para lograr una exención similar a la de los productos agrícolas. «Debemos confiar en mantener nuestra cuota y esperamos que la situación se reconduzca», resume José Luis Lapuente, presidente del Consejo Regulador de la DOCa. Una esperanza compartida por el conjunto del tejido exportador.