El Gobierno Vasco dice que la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no afecta al actual 'tax lease'

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco ha destacado este miércoles que el actual 'tax lease' no está afectado por la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) de plantear una revisión de la sentencia que avaló las ayudas españolas a los astilleros y ha indicado que analizará en detalle esta resolución.

El Gobierno Vasco se ha referido, de esta manera, a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de ordenar revisar la sentencia que avaló el sistema español de bonificaciones fiscales ('tax lease') para los inversores en astilleros, que previamente había sido declarado ilegal por la Comisión Europea.

Fuentes del Departamento de Arantxa Tapia han afirmado desconocer en estos momentos al detalle el contenido de lo acordado por la TUE y, por lo tanto, el impacto que podría tener en los astilleros vascos. No obstante, las mismas fuentes han destacado que, al margen de lo que pueda ocurrir finalmente, el tax lease actual está «intacto» y no se ve afectado por esta decisión. Ha destacado, por tanto, está avalado por la UE y sigue dotando de «estabilidad» al sector.

A pesar del mensaje de tranquilidad del Gobierno Vasco lo cierto es que vuelven los viejos fantasmas con la decisión del TJUE de enmendar la plana al Tribunal General de la UE y anular su sentencia del 17 de diciembre de 2015 en la que daba por bueno el «sistema español de arrendamiento fiscal» del que se sirvieron los astilleros para salir a flote entre 2001 y 2011. Es el llamado 'tax lease' que tantos quebraderos de cabeza le dio al excomisario español de Competencia, Joaquín Almunia, quien aseguró que constituía una ayuda de Estado ilegal. Así lo decidió la Comisión en julio de 2013, hace ahora cinco años.

¿Y ahora, qué? Lo que los magistrados de Luxemburgo han decidido es devolver el caso al Tribunal General para que vuelva a analizar todo el caso al considerar que la sentencia contiene «errores de derecho» por interpretar mal los Tratados. Es decir, que estiman el recurso de casación presentado en su día por la Comisión contra la sentencia de diciembre de 2015. Dicho de otro modo. Todo queda en el aire. Todo es posible. Todo vuelve a quedar en manos de los primeros jueces que analizaron el caso aunque ahora, eso sí, deberán hacerlo teniendo en cuenta los criterios establecidos por el TJUE, la máxima instancia jurisdiccional comunitaria.

El sistema de arrendamiento permitía generar créditos fiscales a las empresas que invertían en la construcción de buques para su posterior arrendamiento y venta a navieras, que a su vez los compraban con un descuento de entre el 20% y el 30%. Las empresas rebajaban su factura fiscal, los astilleros recibían pedidos y generaban empleo y las navieras adquirían barcos más baratos. Bruselas consideró esta práctica una ayuda de Estado ilegal y obligó a Hacienda a calcular y reclamar el importe no embolsado por los inversores, pero eximió a las navieras y a los astilleros. Hacienda las calculó en 126 millones pero la Comisión nunca se creyó esa cifra. Ojo, no se trata de ninguna multa, sólo de recuperar las ayudas concedidas.